El 1 de abril de 1939 es una fecha que aunque queramos, no debemos olvidar. Ese día terminó la Guerra, pero no comenzó la paz. El país se dividió en vencedores y vencidos, y la sangre de los vencidos comenzó a empapar la tierra más que en la misma contienda y las cárceles se llenaron de presos cuyo único delito era haber defendido la legalidad de la República. En la "Nueva España" que había ideado el "caudillo por la gracia de dios" no cabían todos.
Pero para aquellos que se quedaron dentro de las fronteras españolas, esa máxima que presumían las autoridades del Régimen por el cual "la consideración y aun la honra del enemigo vencido son compatibles con la dureza de la guerra y están dentro de la mejor tradición española". Como se ve el uso del cinismo y la mentira en la derecha reaccionaria española no es de ahora, viene de antiguo. No hubo rastro de consideración ni de respeto hacia el vencido, España entera se convirtió en un inmenso campo de concentración, miles y miles de personas fueron encarceladas, asesinadas, humilladas de la peor manera posible, especialmente la dictadura se cebó con las mujeres, ya fuesen por ser ellas “rojas” por serlo sus maridos, o sus padres, niñas de catorce años y menos, fueron entregadas para disfrute de mercenarios moros. El rapado al cero o las purgas con aceite de ricino, fueron cotidianos.
En muchos pueblos la represalia contra los combatientes fue cruel, asesinatos, encarcelamiento y algo de lo que se ha hablado poco, los avales no solían darse por buena voluntad de quienes firmaban. Los avales se firmaban a cambio de la entrega de tierras, propiedad de republicanos a cambio de aval, eso sí con el chantaje permanente de que en cualquier momento ese aval podría caducar, por lo cual los robos podían extenderse durante mucho tiempo, una viña ahora, una parcela… Fueron muchos los fascistas que juntaron auténticos latifundios gracias a esta criminal práctica. Como vemos lo de robar o apoyar a quienes roban, como actualmente hace el gobierno de España apoyando a las entidades financieras que roban a los ciudadanos, tampoco es algo nuevo, viene de lejos.
En las cárceles de Franco en la posguerra llegaron a hacinarse más de 270.000 personas en condiciones infrahumanas, y a las ejecuciones habría que sumar las muertes de aquellos que fallecieron en las cárceles por causa de estas condiciones. «Los avances en la comprensión de la represión como un fenómeno de más amplio alcance que las ejecuciones y los asesinatos van haciendo cada vez más inteligible la nueva realidad social que se fue configurando en torno al régimen»
El régimen ejecutó, entre 1939 y 1950 a entre 50.000 y 70.000 personas tras consejos de guerra sumarísimos, alcanzando la cifra de entre 120.000 y 150.000 si se incluyen los asesinatos extrajudiciales durante y justo después de la guerra civil.
La represión se ejerció en muchos ámbitos, no sólo fueron las ejecuciones y largas condenas de cárcel, se creó una sociedad donde los vencidos estaban excluidos de la vida política, cultural, intelectual y social. También hay que añadir la represión económica durante la primera etapa del régimen en virtud del favoritismo con que actuaba el Estado en favor de los vencedores o penando a los vencidos. En ese sentido puede decirse que en este terreno hubo, por así decirlo, un botín de guerra. la corrupción y el amiguismo vinieron a empeorar las condiciones de vida de la posguerra y la desnutrición y las enfermedades provocaron al menos 200.000 muertes por encima de la tasa de mortalidad anterior a la guerra.
Durante la postguerra, el régimen franquista aplicó la legislación represiva generada durante la guerra civil española (1936-1939), ampliada y matizada por un conjunto de órdenes, decretos y leyes de carácter complementario. Durante el periodo 1939-1948, el eje de la política represiva franquista fue la "justicia" militar que, con sus sumarios de urgencia y sus consejos de guerra, llenó las prisiones de penados y los cementerios de ejecutados (Decreto de 28 de julio de 1936, que se mantuvo hasta julio de 1948). Decenas de miles de personas fueron sometidas a consejos de guerra, de las cuales el 90% fueron condenadas, de estas un 85% a penas de prisión de entre 6 y 30 años y un 15% a penas de muerte.
La legislación militar fue completada con la Ley de Responsabilidades Políticas, de 9 de febrero de 1939 (reformada el 1942, derogada el 1945, aunque sus expedientes estuvieron vigentes hasta 1966), con la finalidad de extorsionar económicamente a las personas y a las familias republicanas y a sus herederos en caso de muerte. La Ley de represión de la Masonería y el Comunismo de 1 de marzo de 1940 (vigente hasta el 1964) y la Causa General (abril de 1940) que intentará recoger todos los detalles que hubiesen podido escapar de las anteriores leyes represivas. Todavía, el 11 de abril de 1941 se publicó la Ley de Seguridad del Estado; el 3 de enero de 1945, el Código Penal franquista, y el 18 de abril de 1947 se le añadió la Ley de Represión del Bandidaje y Terrorismo. Más adelante se crearía el Tribunal de Orden Público (1963-1977), que procesaría a miles de luchadores antifranquistas mediante la incoación de 22.660 procesos.
Un conjunto de leyes represivas con el único objetivo de legalizar unos procesos judiciales sin ningún tipo de garantía jurídica. En los procesos Sumarísimos de Urgencia y en los Consejos de Guerra se juzgaban en un mismo proceso y en una hora veinte, treinta o hasta cuarenta personas que, sin posibilidad de defensa, eran condenadas a penas de muerte, a cadena perpetua o a 12 o 20 años de prisión. Estos juicios sumarísimos tenían como objetivo castigar de forma ejemplar a los que se habían opuesto al triunfo del franquismo y aterrorizar a los indiferentes. En ellos y en los juicios de Responsabilidades Políticas a menudo se mezclaban los intereses y las venganzas políticas con las personales.
Todo ello complementado por las depuraciones, en las cuales todos los trabajadores públicos debían demostrar su inocencia y que "limpiaron" la administración, los centros educativos públicos y las juntas directivas de las asociaciones populares, de personas "desafectas'". Sirva de ejemplo que, de los 15.860 funcionarios públicos que había en Catalunya durante el período republicano, tan solo 753 conservaron su empleo durante el franquismo, menos del 5%12.
El magisterio fue uno de los principales sectores afectados por las depuraciones. Entre las primeras víctimas de lo que Queipo de Llano llamaba el "movimiento depurador del pueblo español" figuraron los alcaldes, los concejales y los sindicalistas, pero también los maestros. Porque, como se decía en un artículo publicado en la prensa de Sevilla en los primeros días del "alzamiento": "No es justo que se degüelle al rebaño y se salven los pastores. Ni un minuto más pueden seguir impunes los masones, los políticos, los periodistas, los maestros, los catedráticos, los publicistas, la escuela, la cátedra, la prensa, la revista, el libro y la tribuna, que fueron la premisa y la causa de las conclusiones y efectos que lamentamos". Tantos eran los enemigos que había que depurar. El objetivo era muy claro: la escuela debía servir fundamentalmente para el adoctrinamiento de los jóvenes, es decir, para difundir la ideología del Nuevo Estado: confesionalismo católico, patriotismo español excluyente y exaltado, negación de la pluralidad cultural del país, transmisión de valores jerárquicos: de obediencia, disciplina y sacrificio
El 1 de abril de 1939 terminó oficialmente la Guerra Civil, evento que dejó en manos de Franco el control absoluto de España. En aquel momento concentraba en sus manos la jefatura del Estado y del gobierno, de las fuerzas armadas y del único partido político permitido. El ejército y las distintas familias políticas, al tiempo que mantuvieron su lealtad a Franco, siguieron conservando sus esferas de poder e influencia. Sin embargo, con el final de la contienda también se produjo un cambio en el equilibrio de poderes, con el ascenso de los sectores falangistas abiertamente germanófilos.
En octubre de 1940 el líder nazi Heinrich Himmler realizó una visita de varios días a España, encontrándose en Madrid con Francisco Franco y otros destacados jerarcas franquistas. El régimen utilizó profusamente la visita del dirigente alemán como símbolo del posicionamiento de España dentro del «Nuevo Orden» liderado por Alemania.
La llamada «crisis de mayo de 1941», que implicó la caída de un buen número de cargos adeptos a Serrano Suñer, dejó entrever que los sectores germanófilos no eran omnipresentes y que la oposición de otras familias del régimen contra estos era creciente. Sin embargo, el clima filo-nazi vería un nuevo punto álgido con la invasión alemana de la Unión Soviética y establecimiento de la División Azul, que quedó bajo el mando del general Agustín Muñoz Grandes. Entre los falangistas más belicosos también hubo muchos que se alistaron para ir a combatir a Rusia, como fue el caso de los abiertamente germanófilos Agustín Aznar o José Miguel Guitarte.
La prensa y la propaganda oficial continuaron exhibiendo un tono de abierta exaltación por las fuerzas del Eje, al menos mientras parecía que la alianza ítalo-germano-japonesa iba camino de imponer un «Nuevo Orden». No fue hasta mediados de 1943, tras la derrota alemana en Stalingrado, cuando el régimen comenzó a alejarse de las potencias fascistas y empezó a calibrar el futuro inmediato tras el final de la guerra. Para aquel entonces la balanza ya se había inclinado claramente a favor de los Aliados. Otro hecho crucial en este cambio de política fue la caída de Serrano Suñer, en septiembre de 1942.
Desmontando los mitos del franquismo
La cantidad de mitos que giran en torno al franquismo y a la figura de Franco son numerosos. Últimamente están resurgiendo con fuerza debido a que el Consejo de Ministros ha aprobado definitivamente el decreto ley para exhumar sus restos y los ciudadanos están opinando de forma activa respecto a esto. Hay cierto sector fascista, comúnmente denominado 'nostálgico', que continúa ensalzando la figura del dictador pese a haberse demostrado todo lo que perjudicó a nuestro país. Para eso, recurren a mitos como que la Seguridad Social la inventó Franco, o que fue él quien creó las vacaciones pagadas. Pero nada de esto es cierto.
La cantidad de mitos que giran en torno al franquismo y a la figura de Franco son numerosos. Últimamente están resurgiendo con fuerza debido a que el Consejo de Ministros ha aprobado definitivamente el decreto ley para exhumar sus restos y los ciudadanos están opinando de forma activa respecto a esto. Hay cierto sector fascista, comúnmente denominado 'nostálgico', que continúa ensalzando la figura del dictador pese a haberse demostrado todo lo que perjudicó a nuestro país. Para eso, recurren a mitos como que la Seguridad Social la inventó Franco, o que fue él quien creó las vacaciones pagadas. Pero nada de esto es cierto.
La década de los 40 fueron años de pobreza por los destrozos de la guerra, el aislamiento internacional de España y porque el gobierno franquista pretendía que el país fuera autosuficiente: por ello impuso la autarquía. La corrupción existente y el estraperlo —el mercado negro— empeoraron la situación. Pese a las cartillas de racionamiento, la mayor parte de la población pasaba hambre.
Todo se agravaba aún más a consecuencia de la represión social de la dictadura y de la precariedad de las condiciones laborales: en la posguerra los sueldos eran miserables, insuficientes del todo para sacar adelante una familia. Esta circunstancia obligaba, entre otras cosas, a que los niños y niñas debieran ponerse a trabajar mucho antes de la edad legalmente permitida. Así, la documentación nos muestra casos de familias en situación crítica y, además, señaladas con el dedo de los servidores de la dictadura, puesto que, a menudo, el marido y padre se encontraba exiliado, encarcelado y/o condenado a trabajos forzados.
Desarrollo franquista: trabajo esclavo y apropiación de los planes republicanos
El supuesto "desarrollo" del franquismo fue en gran medida un mito, ya que el crecimiento económico no fue justo ni duradero, estuvo marcado por la corrupción y la explotación laboral, y se basó en el trabajo de inmigrantes españoles y un contexto internacional favorable, no en logros propios del régimen. Las políticas sociales fueron insuficientes y precarias, la inversión en servicios públicos fue escasa y la distribución de la riqueza, injusta, beneficiando principalmente a las élites.
Uno de los elementos que caracterizan al régimen de los vencedores en 1939 es el uso masivo y duradero del trabajo esclavo. Se utilizó donde la sublevación triunfó en el verano de 1936, se convirtió en instrumento central de su política penitenciaria y, avanzados los años sesenta, casi treinta años después, continuaba practicándolo. No se trataba sólo de un recurso económico sino también de una forma más, añadida a la eliminación física y el internamiento, de la reeducación de los “rojos”. El golpe de Estado tuvo como objetivo básico terminar con cualquier posibilidad de cambio social. Aunque fuera a costa de la destrucción del orden constitucional vigente y de las tímidas reformas de los gobiernos republicanos. Reformistas o revolucionarios, todos, eran considerados una horda de asesinos y forajidos. Hoy día, tras más de treinta años de régimen democrático, continúa siendo una de las expresiones del “atado y bien atado” deseado por el dictador.
Muchas grandes obras hidráulicas y de regadío se adjudicaron con sobreprecios notables a empresas afines (Huarte, Dragados, Entrecanales y Portillo, entre otros).
Franco no creó la red de pantanos. En realidad, la red de embalses y trasvases se planteó por primera vez en el Plan General de Canales de Riego y Pantanos, aprobado en 1902 y conocido como Plan Gasset.
Este plan que debe su nombre al ministro Rafael Gasset tenía un carácter provisional. Sin embargo, se considera la primera planificación hídrica a nivel nacional ante la escasez de agua en la Península..
Tras la llegada de la Segunda República, las obras de construcción de pantanos continuaron con el Plan Nacional de Obras Hidráulicas en 1933, impulsado por el ministro de Obras Públicas, Indalecio Prieto, miembro del PSOE.
A este plan se lo conoció como el Plan Badajoz, aunque se paralizó debido a la guerra. La dictadura se dedicó a retomar esta planificación.
Además, el tráfico de influencias y el enchufismo estaban generalizados. Las adjudicaciones de las obras y de las viviendas de la Obra Sindical del Hogar, así como el acceso a puestos en la Administración, banca pública, monopolios (Campsa, Tabacalera, Telefónica, RENFE) estaban reservados a falangistas, militares, miembros del Opus Dei o monárquicos según la familia dominante en cada momento. El nepotismo era la norma, no la excepción.
Lo del Instituto Nacional de la Vivienda, el Plan Nacional de la Vivienda y la Obra Sindical del Hogar fue especialmente sangrante porque perpetuaron la desigualdad social bajo el falso pretexto de la "asistencia obrera".
Las viviendas de protección oficial tampoco fueron un invento de Franco. Estas viviendas ya se contemplaban en la Ley para el Fomento y la Mejora de Casa Baratas, aprobada el 12 de junio de 1911, durante el reinado de Alfonso XIII. La norma viene firmada por Antonio Barroso y Castillo como ministro de Gobernación.
Esta ley trataba de hacer accesible el derecho a la vivienda para los obreros, aunque exigían un salario mínimo anual de 3.000 pesetas para acceder a ellas. A raíz de esta normativa, algunos socialistas se agruparon en la Cooperativa Obrera para la Adquisición de Viviendas Baratas para la construcción de la colonia obrera en Chamartín, con 116 viviendas.
Tras la Guerra Civil, la dictadura aprobó la Ley de Viviendas de Rentas Limitadas el 15 de julio de 1954. La Fundación Francisco Franco señala que se construyeron 4.080.619 viviendas entre 1961 y 1975, de las cuales el 52,48% estaban acogidas a protección oficial.
Estas prácticas eran comunes en el contexto del régimen franquista, donde la falta de transparencia, el clientelismo político y el control sindical vertical facilitaban el abuso de recursos públicos para beneficio de funcionarios, afiliados a la Falange y empresas afines al régimen. Las viviendas no se distribuían por necesidad real, sino por lealtad al dictador, dejando a muchos trabajadores de verdad en listas de espera indefinidas.
La Obra Sindical del Hogar dependía de las subvenciones estatales y de las obligadas cuotas obreras para construir "colonias sindicales" (barrios proletarios como los de Vallecas en Madrid o la barriada de la OSH en Barcelona) y gran parte de esos fondos se desviaban mediante aumentos injustificados en los contratos de construcción adjudicados a empresas falangistas sin licitación competitiva.
Argumentos que desmontan la idea de "desarrollo" franquista:
- Crecimiento económico: El llamado "milagro español" se dio principalmente en los años 60 y fue posible gracias a factores externos, como la apertura al exterior, el turismo y las remesas de los emigrantes españoles que trabajaban en Europa. El régimen apenas tuvo influencia en este cambio.
- Políticas sociales:Durante el franquismo, las políticas sociales fueron inexistentes, los salarios eran bajos y las condiciones laborales, precarias. La represión sindical, la falta de inversión en servicios públicos esenciales como la sanidad y la educación, y la distribución de la riqueza fue desigual e injusta.
- Corrupción y monopolios: El crecimiento económico estuvo marcado por la corrupción y la especulación, lo que llevó a la concentración del poder económico en manos de una élite y a la creación de monopolios y oligopolios.
- Déficit de inversión en servicios públicos: La inversión en educación, sanidad y vivienda fue insuficiente durante el franquismo, lo que provocó un retraso en estos ámbitos que ha perdurado hasta la actualidad.
- Falta de conciencia social: El franquismo prohibió la existencia de sindicatos libres y democráticos y reprimió los derechos laborales de los trabajadores, lo que impidió el desarrollo de un estado de bienestar consolidado.
Al franquismo no le bastaba con reducir a los derrotados a la condición de esclavos para su explotación económica, sino que también necesitaba su humillación moral. Como afirmó el delegado a Andalucía de la Inspección de Campos de Concentración tan importantes como los “beneficios pecuniarios que iban a producir” los prisioneros era liberarles de “su miseria moral” limpiándoles de la propaganda “satánica” que les había embrutecido. Dos objetivos que llevaron, en la primavera de 1937, a la creación del Patronato Nacional de Redención de Penas por el Trabajo (PNRPT). El organismo que se convertiría en el principal administrador de la explotación sistemática prevista por la jerarquía franquista. Como aseguró el ministro de Justicia Esteban Bilbao Eguía en 1940 no se trataba ni de un ensayo o algo transitorio, sino del complemento “teológico y filosófico del nuevo sistema penal” franquista.
En conclusión, la idea de que el franquismo fue un periodo de desarrollo y prosperidad para España es falsa. Se basó en la represión social y laboral, la corrupción y el parasitismo de una élite económica que se enriqueció a costa de la explotación del pueblo
Hambruna franquista
La "hambruna franquista" se refiere al periodo de grave escasez de alimentos en España entre 1939 y 1952, causado principalmente por la política de autarquía del régimen franquista, y no como consecuencia inevitable de la Guerra Civil. Esta política generó desabastecimiento, bajos salarios, corrupción y mercado negro, llevando a la muerte a miles de personas por hambre o enfermedades relacionadas. El régimen intentó ocultar este hecho, culpando a factores externos como el aislamiento o la sequía, pero historiadores como Miguel Ángel del Arco Blanco desmienten estas justificaciones.
La situación fue especialmente grave en el sur del país y afectó sobre todo a los grupos más humildes. Las calles de los pueblos y de las ciudades se llenaron de niños desnutridos, hombres famélicos y ancianos enfermos de avitaminosis, tifus o tuberculosis. La pobreza extrema condujo a numerosas familias a malvivir hacinadas en cuevas y chabolas en pésimas condiciones de salubridad e higiene. Las del barrio almeriense de La Chanca fueron descritas como “bocas oscuras, profundas y desdentadas” por Juan Goytisolo, quien visitó esta deprimida zona del país en los años cincuenta.
Ni el pan negro del racionamiento ni los aguados caldos de Auxilio Social que se conseguían tras aguardar durante horas en largas colas garantizaban la supervivencia. Las mujeres comenzaron a elaborar sucedáneos para sustituir los productos que no podían ni encontrar ni pagar, como el chocolate, que fue reemplazado por el de algarroba, o el café, en cuyo lugar se utilizó la cebada tostada.
Aunque la dictadura trató de silenciar la hambruna y de ocultar sus efectos, ya antes de la muerte de Franco y, sobre todo, a partir de 1975, el fenómeno del hambre fue representado en obras literarias y cinematográficas. Así ocurre en novelas como Nada (Laforet, 1945), La Colmena (Cela, 1950), Tiempo de silencio (Martín Santos, 1962) o La plaza del diamante (Rodoreda, 1962). O en cintas como Surcos (Nieves Conde, 1951).
El expolio franquista
Una de las vertientes más importantes, y menos estudiadas, de la implantación de la dictadura franquista fue el saqueo o expolio al que fueron sometidos los vencidos. Incluso después de ser asesinados. Miles de familias republicanas vieron cómo les robaron sus casas, empresas, propiedades, dinero y por ende su posición social, su bienestar y sus posibilidades de ofrecer a sus descendientes un futuro mejor.
Desde el primer momento se puso en marcha un aparato represivo, económico y legislativo diseñado para desposeer a los “enemigos del régimen” basándose en la Ley de Responsabilidades Políticas, promulgada el 9 de febrero de 1939 y aplicable retroactivamente desde cinco años antes, que permitía sancionar con multas, confiscación total o parcial de bienes y destierro a cualquiera que fuese considerado “desafecto” desde octubre de 1934.
Paralelamente, se crearon las Comisiones Provinciales de Incautación de Bienes y el Servicio de Recuperación de Bienes Incautados, con el propósito de robar sistemáticamente propiedades, cuentas bancarias, joyas, empresas, viviendas, tierras, etc.
Se calcula que entre 1936 y 1948 se confiscaron bienes por valor de miles de millones de pesetas de la época (equivalentes a decenas de miles de millones de euros actuales), que, en su inmensa mayoría, nunca fueron devueltos, ni indemnizados sus legítimos propietarios ni sus herederos.
La mayor parte de ese inmenso botín acabó en manos de altos cargos del régimen (ministros, gobernadores civiles, jefes militares, etc.), de falangistas y familias políticas afines, de la Iglesia católica (que aceptó miles de fincas y edificios) y de nuevos empresarios franquistas que compraban inmuebles a precio de saldo en subastas amañadas por los esbirros burócratas.
Personajes infames como Juan March, Pedro Barrié de la Maza y el resto de los llamados “banqueros del régimen” (Pablo Garnica, José María Aguirre, Luis Usera, José Luis Oriol, Alfonso Fierro y Francisco Bastos) amasaron ingentes fortunas gracias a la protección directa de Franco. Muchos de sus herederos continúan en 2025 disfrutando de aquellos botines.
La represión del nuevo régimen abarcó todas las modalidades posibles: Ejecuciones, encarcelamientos, depuraciones ideológicas y, además, la confiscación de sus bienes. La idea partía de que ningún republicano quedara sin castigo, pero también permitía recaudar fondos en una España empobrecida y, por otro, repartir las propiedades de los republicanos como si fuera un botín de guerra entre las familias que sí habían apoyado el golpe de Estado del 18 de julio y la implantación de la dictadura. Propiedades como el Pazo de Meirás, el palacio de Cornide o la Casa del Pico en Madrid, un inmueble que, por cierto, la familia consiguió vender en 1988 por 320 millones de pesetas.
El expolio franquista y la construcción de un nuevo Estado también significó la aparición de una nueva clase empresarial forjada durante los primeros años de la dictadura gracias al Boletín Oficial del Estado y beneficiándose directamente de la represión. Bien apropiándose de empresas que no les pertenecían, utilizando mano de obra esclava o haciendo desaparecer a sus empresas competidoras, regentadas por republicanos.
Los cálculos plasmados en la obra La España de Franco (1939-1975) de la editorial Síntesis, 13.251 millones de pesetas de dinero republicano quedaron fuera de circulación, así como 10.536 millones que habían sido depositados en cuentas corrientes y de ahorro. Una parte de los descendientes de las familias afectadas por el robo de este dinero sigue batallando a día de hoy para que el Estado les devuelva lo que quitó a sus familiares.
Franquismo S.A las empresas aupadas por la dictadura
Con la consolidación del franquismo, llegaron la corrupción urbanística y la especulación inmobiliaria. . Alcaldes, gobernadores civiles y altos cargos de la dictadura recalificaban terrenos rústicos a urbanizables, beneficiando a constructoras y promotoras cercanas al poder.
Los empresarios durante la guerra y la dictadura no se limitaron a ser meros espectadores, sin fuerza para influir en el Estado. La clase política y la empresarial forma parte de una élite que comparte elementos sociales y culturales comunes porque procede con frecuencia de las mismas familias, se educa en los mismos colegios y defiende principios como la propiedad privada, el orden o la riqueza, de escasa significación para otros grupos.
Las empresas obtuvieron beneficios de distintos modos: algunas usaron mano de obra forzada, otras se aprovecharon de la represión de sus competidores por pertenecer al bando republicano y otras, simplemente, se lucraron gracias a la cercanía con Franco cuando el régimen efectuó su inmensa obra pública: el Valle de los Caídos. Además, el franquismo propició unas condiciones laborales muy ventajosas para las empresas, ya que no existía el sindicalismo ni se podían negociar unas condiciones salariales y de trabajo dignas.
Algunas empresas que cotizan en el IBEX 35, como Naturgy, OHL o Iberdrola, se lucraron con la represión y el modelo autárquico que impuso el dictador y, hoy día, siguen sin reparar a las víctimas. Es una obviedad que muchas de ellas no existían durante el franquismo tal como las conocemos, pero muchas de las que hoy operan en la bolsa española han sido constituidas a base de adquisiciones de otras empresas y absorción de otras muchas que no solo trabajaban durante el franquismo, sino que se lucraron de forma directa gracias a la represión durante la dictadura.
Más información aquí: Franquismo S.A. Antonio Maestre
Sindicalismo vertical
El sindicato vertical franquista controlaba los beneficios económicos a través de la afiliación obligatoria de trabajadores y empresarios, que pagaban cuotas. El Estado utilizaba estos ingresos para financiar la propia estructura del sindicato, incautar bienes de sindicatos de clase y crear un amplio aparato propagandístico, incluyendo medios de comunicación. Si bien se promovía la "solución de conflictos", en la práctica el sistema operaba para asegurar el control estatal sobre los beneficios y la mano de obra, negando la lucha de clases.
Frente al concepto de sindicato, entendido como medio de protección de los obreros contra los patronos y ligado a la idea marxista de lucha de clases, en las primeras décadas del siglo XX cristalizará un nuevo tipo de sindicalismo “armonicista” y corporativo, que invocará la colaboración entre empresarios y trabajadores bajo la tutela del Estado. Esta corriente, desarrollada en los países de régimen totalitario (principalmente Italia y Alemania), se articuló en la España de Franco bajo los principios del nacionalsindicalismo, basado en la estructuración sindical de la economía y del Estado mismo. Pieza central de este proyecto fue el sindicato vertical, institución de encuadramiento obligatorio para empresarios y trabajadores, llamado a ser la “avanzada” del proyecto político falangista. Sin embargo, la práctica convertiría a estas organizaciones en aparatos inoperantes, burocratizados y dedicados en exclusiva a la desmovilización de la clase trabajadora. Este artículo pretende explicar, partiendo de un análisis que combina la exégesis de los textos legales y el contraste con las aportaciones doctrinales en torno a la materia, los principios en que se basó el sindicalismo vertical durante el franquismo, la estructuración orgánica de los sindicatos y el fracaso que, en última instancia, constituyó esta experiencia.
El sindicalismo que estableció el Fuero del Trabajo difirió, en definitiva, de su concepción por los fundadores de la doctrina nacionalsindicalista. Y ello porque la estructura sindical vertical se implantó sin configurar los presupuestos que podían haberla hecho posible; esto es, destruir el sistema económico-social capitalista y sustituirlo por la propiedad sindical. Más allá de las declaraciones formales, subsistieron los intereses específicos de las clases sociales y, por tanto, las tensiones entre ellas. Los sindicatos consagrados en el FT supusieron, por tanto, una victoria matizada de los falangistas. El Fuero otorgó carácter oficial a su propuesta sindical, pero al mismo tiempo diseñó un verticalismo adaptado a un Estado en el que el falangismo era uno más entre diferentes componentes ideológicos. Así planteado, el sindicalismo franquista fue convirtiéndose poco a poco en “un sistema asociativo profesional organizado con base pragmática”, cuyo objetivo fundamental era “evitar que las dispersión de fuerzas o elementos implicados en la producción pudiera crear tensiones colectivas”.
En sentido más estricto, el Sindicato Vertical fue una institución creada por el régimen franquista, para imponer un modelo de relación entre trabajadores y empresarios. El Sindicato Vertical era el único tipo de sindicato que aceptó el régimen y tuvo un papel primordial en su organización política, sustentando su concepto de democracia orgánica. Más precisamente, un tercio de los representantes de la Cortes Franquistas debían ser miembros del Sindicato Vertical, elegidos por votaciones controladas en cada sector de actividad.
El 31 de enero de 1938, en el primer gobierno como tal de Franco, ya existía un Ministerio de Organización y Acción Sindical. En ese mismo año se promulgó el Fuero del Trabajo, que remachaba la idea de que los sindicatos debían responder a los principios de unidad, totalidad y jerarquía. En cada sector productivo solamente podría haber un sindicato.
El 26 de enero de 1940 se declaró que la Organización Sindical de FET y de las JONS sería la única reconocida con personalidad por el Estado, quien no permitirá la existencia de ninguna otra.
La Ley Orgánica del Estado del año 1966 reformó el Fuero del Trabajo, al establecer que los españoles por el mero hecho de trabajar constituían la Organización Sindical, y que ésta estaría constituida por sindicatos industriales, agrarios y de servicios por ramas de actividades a escala territorial, que abarcarían a empresarios y trabajadores, y serían corporaciones de derecho público y se articulan para defender sus intereses y participar en la vida pública y social.
A diferencia de los sindicatos horizontales (que agrupan solo a trabajadores), los verticales unían obligatoriamente a trabajadores y empresarios dentro de la misma organización profesional.
El objetivo del sindicato era, formalmente, resolver los conflictos sectoriales, pero en realidad buscaba eliminar la idea de conflicto inherente entre capital y trabajo para asegurar el control del régimen.
Educación en el franquismo
La llegada del franquismo supuso el retorno a la pedagogía tradicional, donde el maestro tiene todo el control y las actividades del alumno son mínimas (memorizar y reproducir lo que el maestro indica); y a los valores y dogma del catolicismo que impregnaban la decoración de las aulas (en algunas se podía encontrar cuadros con motivos religiosos o el crucifijo) y los contenidos. Además, la educación durante el franquismo se caracterizó por los castigos físicos y una férrea disciplina, aunque es importante matizar que esta situación fue la imperante, aunque no la exclusiva.
Además, durante la contienda se elaboró un Plan de Depuración del Magisterio y de los libros de texto. Para ello se establecieron las comisiones depuradoras, a nivel estatal, encargadas de depurar a través de expedientes de inhabilitación o de sentencias de muerte a todos los maestros de Primera y de Segunda enseñanza, de Bachillerato, de escuelas técnicas superiores y de universidad que no defendían las ideas franquistas o por ser republicanos. Morente (2001) destaca que la depuración y represión «No fue simplemente una consecuencia de la situación bélica que vivía el país […], sino un instrumento conscientemente utilizado para la conquista del poder» y su mantenimiento en el mismo (p. 663).
No obstante, es importante destacar que el régimen, a partir de la década de los cincuenta, impulsó diversos planes de construcciones escolares (colegios públicos), aunque seguía invirtiendo en escuelas privadas religiosas; que la situación de los maestros era muy precaria, ya que volvió a prevalecer la culturización sobre la profesionalización, aunque a partir de la década de los sesenta se elaboró un Plan de Magisterio (1967) en el que, sin olvidar la ideología del régimen, se viraba hacia una formación curricular más técnica y centrada en las didácticas especiales; y que, a pesar de romper con todas las innovaciones de los siglos anteriores, el índice de analfabetismo, tanto masculino como femenino, continuó bajando.
La Iglesia católica
Uno de los pilares básicos del régimen franquista fue la Iglesia católica, que se convirtió en un instrumento más de su propaganda y llegó a justificar moralmente el golpe de estado contra el gobierno legítimo de la República. Ya en el año 1937, la cúpula de la Iglesia española, en una carta pastoral, había dado su apoyo incondicional al bando franquista, puesto que defendía que la guerra civil era un enfrentamiento del Bien contra el Mal, una Cruzada contra el comunismo. En este sentido, sólo hay que recordar la inscripción en las monedas de la época: “Francisco Franco, Caudillo de España por la gracia de Dios”
Una de las primeras felicitaciones que recibió Franco tras su victoria en la guerra civil fuera la enviada por Pío XII: Levantando nuestro corazón al Señor, agradecemos con V.E, deseada victoria católica España. Hacemos votos porque este queridísimo país emprenda con nuevo vigor sus antiguas y cristianas tradiciones que tan grande le hicieron. Por si no había quedado claro, el 16 de abril emitió un comunicado radiofónico en el que decía: Con inmenso gozo. Nos dirigimos a vosotros hijos queridísimos de la católica España, para expresaros nuestra paternal congratulación por el don de la paz y de la victoria, con que Dios se ha dignado coronar el heroísmo cristiano de vuestra fe y caridad, probado en tantos y tan generosos sacrificios.
Como ejemplo de lo que sería una estrecha comunión entre la Iglesia y el Nuevo Estado, fue la ofrenda que hizo Franco de su espada el 20 de junio de 1939, en la iglesia Santa Bárbara de Madrid. Franco entró bajo palio en el templo, siendo recibido, y abrazado, por el cardenal primado Isidro Gomá. En la ofrenda también estuvo presente el nuncio vaticano monseñor Gaetano Cicognani.
Nada más proclamarse el Nuevo Estado, este concedió a la Iglesia todo lo que esta demandaba: prohibición de libros contrarios a la moral católica, obligatoriedad de la asignatura de religión en la enseñanza primaria y secundaria y de magisterio, recuperación de las fiestas religiosas, derogación de la ley de divorcio, disolución de los matrimonios civiles (12-3-1938), restablecimiento del presupuesto de culto y clero (9-11-1939), restablecimiento por Decreto de 3 de mayo de 1938 de la Compañía de Jesús, presencia eclesiástica en el Consejo de Estado y en las Cortes, exención del impuesto de patrimonio, subvenciones para la construcción de edificios y su mantenimiento, exención del servicio militar para el clero. Ante tantas prebendas la Iglesia no podía sino transformase en uno de los baluartes básicos del franquismo. Como apunta Sánchez Recio: El colaboracionismo de la Iglesia durante los años cuarenta y cincuenta se manifestó a través de la defensa expresa del régimen, el ejercicio de algunas funciones que correspondían al Estado en los campos de la enseñanza, la cultura y las costumbres, dando el beneplácito a la formación de gobiernos y aconsejando ciertas medidas de reforma política. Esta influencia eclesiástica fue la que propició que a partir de 1945 el nacionalcatolicismo, sustituyendo a la Falange, fuera la ideología sustentadora del régimen. En este mismo sentido se expresa González Calleja: La Iglesia «salvó» a Franco sólo cuando constató su giro irreversible hacia la «ortodoxia» vaticanista. Aún así hubo de esperar a 1953 para obtener el Concordato. De modo que «fue la bendición de la Iglesia, confirmada con el Concordato de 1953, y no la ideología de la Falange, la que sancionó (y casi santificó) el poder de Franco para el español medio, en esos años y los que siguieron.
Así pues, los años 40 y 50 son de un extraordinario fervor religioso. La dictadura consideraba que un español como es debido tenía que ser católico y la estricta moralidad religiosa se imponía en toda la sociedad. Constantemente se realizaban misas, procesiones, grandes celebraciones de festividades religiosas, campañas contra la blasfemia… Y, lógicamente, multitud de actos relacionados con la tragedia colectiva de la guerra fratricida: misas y funerales en memoria de las personas asesinadas en la retaguardia republicana, o bien asociados a la recuperación y reconstrucción de las obras de arte y de los bienes muebles e inmuebles que habían sido destruidos, robados y/o saqueados. El seguimiento popular —ya fuera por sincera devoción o por miedo del qué dirán— era masivo.
La Iglesia fue vehículo imprescindible para el control cultural, educativo y social. La Iglesia tuvo el control de la censura de cualquier tipo de actividad cultural a través de la censura de libros, películas, obras de teatro. Asimismo, las prerrogativas que tuvieron en educación hicieron que ésta prácticamente se hiciera con el control de la educación primaria y secundaria, en ocasiones en dura competencia con Falange.
El intento de controlar la vida cotidiana de los españoles abarcaba todos los ámbitos. La Iglesia intentó imponer la forma de vestir, sobre todo en cuanto a la ropa para el baño, llegándose al esperpento de que la Conferencia Episcopal convocara un Congreso Nacional de Moralidad en Playas, piscinas y márgenes de ríos. También intentaron acabar con la costumbre ancestral del baile. Sobre el baile decía el obispo de Ibiza, Antonio Cardona: el baile es la raíz de incontables pecados y ofensas contra Dios… ya que atenta contra la Patria, la cual no puede ser grande y fuerte con una generación muelle, afeminada y corrompida. En la misma línea estaba el arzobispo de Sevilla, el cardenal Segura, para el que los bailes modernos eran: tortura de confesores, virus de las asociaciones piadosas y feria predilecta de Satanás.
Julián Casanova, en su obra La Iglesia de Franco, tituló el capítulo VI: La Iglesia de Franco, la iglesia de la venganza. Tan pocas palabras resumen perfectamente la actuación de la Iglesia en lo referente a la represión. Señala Casanova; Un día bendecían el asesinato y otro echaban una perorata sobre el «desenfreno». Así de trágica y cómica era aquella España católica.
Los curas también estaban presentes en las cárceles, de su paso por ellas el sacerdote Martín Torrent García escribió un libro en 1942 titulado ¿Qué me dice usted de los presos? De este libro Julián Casanova escribe: […] Martín Torrent nos proporcionó en poco más de ciento cincuenta páginas el testimonio más cínico que pueda imaginarse sobre la pasión y muerte en las cárceles de miles de hombres y mujeres[31] . Una pequeña muestra del talante del «caritativo» sacerdote, es lo que escribía sobre los condenados a muerte: ¿Cuándo moriré (…) repiten a diario las voces íntimas de millones y millones de conciencias? Pues bien: el único hombre que tiene la incomparable fortuna de poder contestarte a esa pregunta es el condenado a muerte. Moriré a las cinco de esta misma mañana ¿Puede darse una gracia mayor para un alma que haya andado en su vida apartado de Dios?
La actuación de sacerdotes y monjas en las cárceles franquistas solamente puede considerarse como una de las mayores atrocidades que han cometido religiosos en la historia contemporánea, sino la que más. Como muestra de ello la actuación del párroco del penal de Ocaña, que era el encargado de dar el tiro de gracia a los que habían sido fusilados. Entre 1939 y 1959 fueron asesinadas 1.300 personas en este lúgubre penal. Y el caso de este sacerdote asesino no fue el único, recordemos que, durante la guerra civil, Juan Galán Bermejo, conocido como el «cura de Zafra» se jactaba de haber asesinado a más de cien marxista.
La Iglesia estuvo presente en todas y cada una de las instituciones y de las actuaciones del Régimen: en la represión, participando activamente en ella; en la cobertura social, a través del Auxilio Social, desde donde fue partícipe del secuestro de niños; en la educación monopolizando la educación privada e imponiendo la religión en las aulas, institutos y universidades públicas; importante presencia en las Cortes, etc.; y por supuesto en la implantación del nacionalcatolicismo como base de actuación del Régimen.
La relación entre la Iglesia católica y el franquismo no implicó expropiaciones de bienes de la Iglesia por parte del Estado, sino todo lo contrario: el régimen franquista facilitó la apropiación de bienes por parte de la Iglesia, especialmente a través de la inmatriculación, gracias a la legislación de la época y la ideología del nacionalcatolicismo. La Iglesia se alineó con Franco, que en recompensa le otorgó privilegios que se perpetuaron tras su muerte. La posibilidad de expropiar estos bienes hoy en día es un tema de debate que enfrenta la necesidad de restituir lo público con la compleja situación legal creada por esas leyes, aunque se argumenta que, en algunos casos, bastaría con declarar nulas las inmatriculaciones irregulares, según indican los documentos.
La inmatriculación masiva se intensificó durante el franquismo, cuando la Iglesia, aliada del régimen, obtuvo privilegios extraordinarios. La Ley Hipotecaria de 1946 permitió a los obispados registrar propiedades como propias con la mera certificación de un párroco, sin necesidad de pruebas fehacientes. Este mecanismo, que se mantuvo vigente hasta 2015, resultó en la apropiación de miles de inmuebles: desde ermitas y cementerios hasta terrenos agrícolas, viviendas e incluso plazas públicas. Según el informe del Gobierno de 2021, la Iglesia inmatriculó al menos 34.961 bienes entre 1998 y 2015, aunque se estima que el número total podría superar los 100.000.
Las inmatriculaciones son el proceso mediante el cual una entidad inscribe un bien en el Registro de la Propiedad por primera vez. Desde 1946 y hasta 2015, la Iglesia pudo hacerlo sin necesidad de presentar pruebas de propiedad, gracias a una ley franquista que le otorgaba el privilegio de actuar como notaria de sí misma. Esto significa que bastaba la firma de un obispo para registrar terrenos, templos y hasta plazas públicas sin que nadie pudiese cuestionarlo.
Uno de los aspectos más polémicos de las inmatriculaciones es que, en muchos casos, la Iglesia no solo registró templos, sino también terrenos anexos, plazas públicas y edificios históricos. Este fenómeno ha sido bautizado como el «pack todo en uno».
Estimar el valor total de los bienes inmatriculados es difícil, pero las cifras son astronómicas.
- Valor inmobiliario
- Ingresos generados
Una fortuna gigantesca basada en inmuebles, subvenciones y exenciones fiscales
El poder económico de la Iglesia no proviene solo de las donaciones de los fieles, sino de un modelo de financiación privilegiado, que incluye:
- Más de 100.000 bienes inmatriculados: La Iglesia posee templos, plazas, terrenos urbanos y rústicos, muchos de ellos inscritos a su nombre sin demostrar propiedad real.
- Exención del pago del IBI y otros impuestos: Gracias a acuerdos con el Estado, la Iglesia no paga el Impuesto de Bienes Inmuebles por la mayoría de sus propiedades, lo que supone una pérdida de 600 a 1.000 millones de euros anuales para los ayuntamientos.
- Subvenciones directas del Estado: La Iglesia recibe cada año alrededor de 300 millones de euros a través del IRPF (la famosa casilla de la Iglesia en la declaración de la renta).
- Ingresos por turismo y alquileres: Monumentos como la Mezquita-Catedral de Córdoba o la Catedral de Sevilla generan millones de euros en entradas, que son gestionados íntegramente por la Iglesia. Además, muchas de sus propiedades son alquiladas a empresas privadas o utilizadas para actividades económicas.
La querella argentina contra la dictadura franquista
Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo CEAQUA
Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo CEAQUA
El Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que visitó el Estado español en septiembre del pasado año y también el Relator Especial que nos visitó en enero del presente año han emitido sendos Informes Definitivos que serán presentados los días 10 y 12 en el 27º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en la sede ONU de Ginebra.
Entre ambos Informes nos encontramos con más de 60 ‘recomendaciones’ al Estado español para que cumpla con todos los requisitos que le obligan su adhesión a la Convención Internacional de Derechos Humanos. 42 Recomendaciones son por su política de olvido y ocultamiento de desapariciones forzadas o involuntarias, con más de 120.000 víctimas repartidas en miles de fosas por todas las cunetas y cementerios del Estado español; 19 Recomendaciones se refieren a la nula voluntad de aplicar la Verdad, la Justicia, la Reparación y las garantías de no repetición de golpes militares y dictaduras como la vivida durante 40 años.
Que tras 37 años de democracia formal y “ejemplar transición” nos encontremos todavía con más de 60 recomendaciones de este calibre deja muy clara la impunidad con la que el franquismo y sus herederos se mueven en todos los aparatos del Estado manteniendo su poder. Nos felicitamos por la contundencia con la que ambos Informes denuncian las carencias y faltas de una verdadera política de Estado para hacer Justicia con todo lo acontecido desde el golpe militar del año 1936. No obstante hay algunos temas soslayados o tratados de forma parcial y sesgada a los que nos referiremos seguidamente.
El Informe sobre Desapariciones se refiere a las violaciones de derechos humanos realizadas durante la “Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura (1939-1975)”. Sería necesario precisar que en julio de 1936 en el Estado español, no se inició una Guerra Civil, sino que se ejecutó un golpe militar contra una República democráticamente elegida.Devino en una guerra de tres años por la resistencia popular que se le opuso al levantamiento fascista. Difuminar el origen del conflicto no ayuda a situar la Verdad.
Por otro lado, la persistencia de la dictadura durante 40 años no se entiende sin los soportes internacionales. El papel jugado durante largos años, por ejemplo, por el Vaticano (firma del Concordato con el Régimen de Franco en abril de 1953); o por los Estados Unidos de Norteamérica (Pacto de Madrid de 1953); o por las potencias occidentales (Gran Bretaña, Francia….) apoyando en los años cuarenta a través del Gobierno de Perón en Argentina al Gobierno español; o por las mismas Naciones Unidas, admitiendo su entrada en 1955, son muestra de ello. El Régimen de Franco pasó de ser un aliado del eje fascista Alemania-Italia, a ser bendecido por esas potencias. Su responsabilidad en la persistencia de la larga noche del franquismo forma también parte de la Verdad.
En el año 1975 murió el dictador, pero eso no significó el fin de la dictadura. Desde 1976 y durante toda la década de los 80 continuaron las muertes violentas producidas directamente por los aparatos del Estado o por sus cloacas. Sólo en Euskal Herria se superan las trescientas personas asesinadas de forma violenta durante esos años: José Luís Cano (asesinado en 1976), Germán Rodríguez (1978), Joseba Barandiaran (1978), Gladys Del Estal (1979), Yolanda Gonzalez (1980)… La persistencia e impunidad de todo el aparato del Estado franquista durante y tras la “transición” son la causa directa de todos esos crímenes que la Verdad no puede ocultar.
El informe dice que en la transición ha constatado que “España respondió a la violencia terrorista sin utilizar de manera sistemática la desaparición forzada”. Sin embargo la realidad nos dice que el Estado español ha utilizado de forma sistemática a sus cuerpos policiales y de forma “asistemática” a los GAL, Batallón Vasco Español, la Triple A, con más de ochenta muertos en su haber. ¿A partir de qué número se considera uso sistémico de la desaparición forzada?.
Se nos hace muy dudosa la parte del Informe en la que se habla de la evolución y adaptación democrática de las fuerzas armadas españolas, dado que se mantienen constantes actuaciones y homenajes a favor de las “glorias” franquistas pasadas: homenajes a la “División Azul”, homenajes a Regimientos como el “América 66” que se destacaron por sus intervenciones asesinas en Navarra en 1936, homenajes a la División Cóndor que bombardeó Gernika… Sin olvidar las constantes insinuaciones que se vienen realizando sobre posibles intervenciones militares si continúan las reivindicaciones soberanistas de Cataluña o el País Vasco.
Por todo ello, consideramos que el Estado español debe asumir y cumplir sin tapujos todas las recomendaciones, a fin de que definitivamente todas las víctimas del franquismo sin excepción, tanto las de desaparición forzada como las del resto de los horrendos crímenes que se produjeron durante la guerra civil y la dictadura (exilio, desaparecidos en fosas, represión político-social, cárcel, torturas y fusilados, preventorios, bebés robados y trabajo esclavo…) podamos obtener Verdad, Justicia y Reparación, así como la disposición de las medidas que garanticen la no repetición.
Es urgente la puesta en marcha de un plan estatal de búsqueda, y su gestión efectiva en todos los ámbitos y necesidades, de personas desaparecidas: los 120.000 desaparecidos en fosas, todos los niños robados a las mujeres republicanas y durante los posteriores años de dictadura.
Es urgente la incorporación en el derecho interno de la desaparición forzada como un delito autónomo e imprescriptible, no sujeto a amnistía, ya que el crimen se sigue cometiendo cada día y el sufrimiento de los familiares, que también son víctimas, es permanente hasta que se conoce el paradero y suerte de la persona desaparecida.
Recordamos al Gobierno español, tal y como lo hace el Relator y el Grupo de Trabajo, que hay una Causa abierta en Argentina contra los crímenes del franquismo y que el “artículo 277 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial dispone: “Los Juzgados y Tribunales españoles prestarán a las autoridades judiciales extranjeras la cooperación que les soliciten para el desempeño de su función jurisdiccional, de conformidad con lo establecido en los tratados y convenios internacionales en los que España sea parte […]”.
En aplicación del principio de Jurisdicción Universal, no se debe olvidar la necesaria y obligada colaboración de la justicia española con la mencionada Causa 4591/2010, abierta en los tribunales argentinos y conocida como la Querella Argentina. La Causa contra los crímenes del franquismo es la única que sigue abierta en todo el mundo y ello demuestra que queda mucho camino por desbrozar en el ámbito de la Memoria y de la Justicia en el Estado español.
Es, por tanto, inaplazable, que se haga justicia con todas las víctimas de la dictadura en los tribunales del Estado español, eliminando todos los impedimentos jurídicos como la Ley de Amnistía del 77 o el criterio de la prescripción.
Incluso los informes de Naciones Unidas adolecen de ambigüedad y lagunas. Por ello se hace más necesaria que nunca la creación de una Comisión de la Verdad sobre los crímenes del franquismo y sus consecuencias, impulsada por las instituciones autonómicas y centrales, y articulada por expertos, organizaciones sociales y asociaciones de víctimas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario