Antecedentes del Frente Popular
Los fusilamientos y ejecuciones extrajudiciales de revolucionarios, los castigos colectivos a la población civil, sobre todo en Asturies, los despidos y las listas negras de trabajadores significados política y sindicalmente, el encarcelamiento de cientos de militantes y cargos públicos, en algunos casos con denuncias de torturas, el cierre de locales y periódicos, la disolución de los ayuntamientos de izquierdas en toda España, y el temor generalizado a que una vez en el poder las derechas podían seguir el camino de Alemania, desmontando desde dentro la República del 14 de abril, tal y como Hitler había hecho con la República de Weimar, terminaron convenciendo a los líderes de las izquierdas de la necesidad de pasar página y poner en marcha una alianza electoral.
A finales de 1935 empezó a gestarse una gran coalición de partidos de izquierdas que se preparaba para las elecciones de febrero de 1936 y que poco más tarde se conocería como Frente Popular. El pacto entre republicanos y socialistas pretendía un programa reformista pero desde la derecha se identificó como un pacto revolucionario. El llamado Frente Nacional o de Orden se creó para oponer sus intereses a los de las izquierdas en las elecciones más reñidas que hasta entonces había vivido España.
La larga campaña electoral que tuvo lugar entre el 4 de enero y el 16 de febrero de 1936 se prometía como una de las más duras de la historia de España. La unidad de las izquierdas quedó plasmada en el Frente Popular, la coalición izquierdista formada ante las elecciones de 1936 propuesta por el Partido Comunista. Además los anarquistas, aunque no entraron a formar parte del Frente Popular por negarse ideológicamente a colaborar con un sistema democrático, apoyaron las candidaturas para la liberación de los presos políticos. Oponiéndose a ellos se formó el Frente Nacional o de Orden cuya cabeza más visible era la CEDA de Gil Robles que lanzó una agresiva campaña electoral presentándose como la última y única alternativa de defensa ante una inevitable revolución bolchevique. Su fotografía de jefe miraba retadoramente desde los carteles situados en la Puerta del Sol madrileña. Dentro de esa coalición derechista quedó fuera la Falange porque no hubo entendimiento entre José Antonio Primo de Rivera y Gil Robles. Este hecho, de relativa poca importancia, marcaría el desarrollo posterior de la guerra civil.
La izquierda publicó un manifiesto con la petición de “amplia amnistía” y readmisión de los despedidos como ejes comunes. La CEDA centró su campaña "¡Contra la revolución y sus cómplices!", con una visión catastrofista de lo que había significado hasta entonces la República. Para la izquierda, quedaban atrás dos años de destrucción de las reformas republicanas, el "bienio negro". La CEDA, que no había podido cumplir su objetivo de rectificar a fondo el rumbo reformista, prometió la revisión total de la Constitución. La extrema derecha, con Calvo Sotelo a la cabeza, consideraba ya acabada a la República y presentaba, sin ambigüedades, su Estado autoritario y corporativo. La fecha de las elecciones para decidir todo eso, un nuevo rumbo para la República o su muerte definitiva, era el domingo 16 de febrero de 1936.
Los frentistas dejaron sus diferencias de lado y en vez de enfocarse en las diferencias que les separaban a los socialistas, comunistas y los nacionalistas decidieron enfocarse en las semejanzas para fundar el Frente Popular. Si bien, es cierto que dicha diversidad dentro del Frente Popular frenó la constitución de una auténtica república socialista en España, los republicanos actuaron acorde a las demandas de las condiciones materiales existentes en aquella época. De todos modos, la victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero asustó a los capitalistas que vieron amenazados sus privilegios y propiedades, así auparon a los fascistas para poder dar un golpe de estado que acabara con los rojos.
Las negociaciones con los partidos republicanos fueron largas y no siempre fáciles. Sin embargo, tanto socialistas como comunistas estaban dispuestos a llegar a un acuerdo que permitiera forjar una unidad de las fuerzas antifascistas frente a la reacción. Para tal fin, tuvieron que hacer concesiones hasta ponerse de acuerdo sobre un programa bastante moderado, en el que se abordaban, entre otras, cuestiones de orden político y social:
- Concesión de una amplia amnistía de los delitos político-sociales
- Readmisión en sus puestos de trabajo de los obreros despedidos por sus ideas o por motivo de huelgas políticas
- Restablecimiento del imperio de la Constitución
- Adopción de medidas en favor de los cultivadores directos y acceso a la propiedad de la tierra de quienes la venían trabajando durante cierto tiempo
- Adopción de medidas de fomento de la industria y el pequeño comercio
- Establecimiento de planes de construcción de viviendas, de obras de riego y de obras públicas
- Establecimiento de una dirección del Banco de España que cumpliera su función de regulación del crédito conforme lo exigiera el interés de la economía española, y sometimiento de la Banca privada a “reglas de ordenación”
- Reforma fiscal destinada a garantizar una redistribución lo más equitativa posible de las cargas públicas
- Mejora de las condiciones morales y materiales de los trabajadores
- Establecimiento de salarios mínimos a fin de asegurar a la clase trabajadora una existencia digna
- Creación de escuelas primarias, secundarias y de formación profesional
- Acceso a la enseñanza meda y superior de la juventud obrera y, en general, de los estudiantes seleccionados por su capacidad
- Restablecimiento del Estatuto de Autonomía de Cataluña y desarrollo de los estatutos de autonomía consignados en la Constitución
- Desarrollo de una política de adhesión a los principios y métodos de la Sociedad de Naciones
Firmaron el Pacto del Frente Popular los siguientes partidos y organizaciones: Izquierda Republicana, Unión Republicana, Partido Socialista, Partido Comunista, Partido Sindicalista y Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM).
El Escándalo Straperlo
Strauss y Perlowitz habían puesto a su máquina recreativa el nombre de Straperlo, haciendo la suma de sus apellidos. Moverían contactos entre empresarios relacionados con el ocio nocturno en la costa catalana, intentando establecer su ruleta en Sitges y su casino. Pero la Segunda República tenía leyes restrictivas contra el juego de azar, siendo todavía más severas en la administración catalana del nacionalista Companys. Pero Strauss no cejó en conseguir su propósito de establecer esa singular ruleta como juego de ingenio y no de azar, «sobornando» a políticos de segunda fila del Partido Radical, al que pertenecía Lerroux.
El escándalo público se produce en octubre de 1935, a raíz de la denuncia que presentó Daniel Strauss al presidente de la República Niceto Alcalá Zamora en la que exigía una indemnización por los gastos de instalación en los casinos de San Sebastián y Formentor y por los sobornos que decía haber pagado a políticos del Partido Republicano Radical y a familiares y amigos de su líder Alejandro Lerroux que , según la versión de Strauss, habían hecho uso de sus influencias para conseguir la autorización, a cambio de un porcentaje en el negocio.
Antonio Nombela, acusó a varios dirigentes del partido de Lerroux, y especialmente al subsecretario de la Presidencia del Gobierno, Moreno Calvo, de haber resuelto de forma fraudulenta un expediente por el que se indemnizaba a la Compañía de África Occidental propiedad del empresario catalán Antonio Tayá, que había conseguido un contrato público para conectar por barco la ruta entre Fernando Poo, Río Muni y Annobón, contrato que había sido cancelado en 1929 por la pérdida de dos buques en la colonia española de Guinea Ecuatorial.
El escándalo aceleró la ruptura de la alianza entre los radicales y la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas), debilitando la estabilidad del gobierno. El partido Radical quedó políticamente inhabilitado y desmoronado tras salir a la luz el escándalo.La corrupción en el gobierno de centro-derecha ayudó a desestabilizar el sistema, facilitando la victoria electoral del Frente Popular en febrero de 1936.
“Hemos triunfado el día 16 de febrero. Con este triunfo, hemos infligido un duro golpe a la reacción y al peligro fascista en España. La reacción y el fascismo han sufrido una derrota, pero aún no están vencidos. Para vencerlos, tenemos que liquidar sus bases materiales: confiscar la tierra de los grandes terratenientes, nacionalizar los bancos, confiscar las tierras y propiedades de la Iglesia y de las órdenes religiosas, disolver las organizaciones reaccionarias y fascistas y desarmar sus bandas, depurar el Ejército de los mandos reaccionarios y fascistas, etcétera. Pero esto sólo podrá hacerlo un gobierno revolucionario de Frente Popular, bajo la dirección del proletariado. [...]
Pero el cumplimiento de dicho pacto puede aliviar momentáneamente la difícil situación de la clase obrera y de los campesinos y crear las condiciones para la formación de un gobierno revolucionario dispuesto y capaz de dar soluciones definitivas a los problemas que la revolución democrática tiene planteados. Por eso, la misión de los obreros revolucionarios consiste en apoyar al gobierno actual en la medida en que éste cumpla el pacto, y obligarle, por todos los medios posibles, a que su cumplimiento se lleve a cabo con toda rapidez, de acuerdo con las exigencias del momento y las necesidades de las masas.” ((Cita de José Díaz sobre el
alcance del triunfo popular del 16 de febrero) J.D.Ramos, Correspondencia Internacional marzo-abril de 1936 en Tres años de Lucha)
España acudió a las urnas el 16 de febrero. Unos 34.000 guardias civiles y 17.000 guardias de asalto garantizaron el orden. Aunque las actas sufrieron irregularidades puntuales en provincias muy localizadas (comunes al sistema de la época y que afectaron a ambos bandos), los análisis estadísticos e historiográficos globales demuestran que el Frente Popular ganó las elecciones de forma legítima y limpia. El propio presidente de las Cortes y la Junta Central del Censo validaron un resultado en el que la izquierda obtuvo una mayoría parlamentaria clara debido a la división de las derechas y al arrastre del sistema electoral mayoritario. Los resultados, dados a conocer el 20 de febrero, fueron los siguientes:
Electores..................13.553.710
Votantes.....................9.683.335 (71,4%)
Frente Popular............4.654.116 (34,3%)
Frente Nacional..........4.503.505 (33,2%)
Centro y vascos.............525.714 (5,4%)
La narrativa del “fraude” como ilegitimidad de origen fue fabricada posteriormente y propagada por los sublevados contra la República.
Los datos afianzan otra tesis, que la narrativa del “fraude” como ilegitimidad de origen fue fabricada posteriormente y propagada por los sublevados contra la República. En 1936 las derechas reconocieron el triunfo de las izquierdas. Fue idea de Serrano Suñer, en 1938, justificar retrospectivamente el golpe de Estado y la dictadura militar. El supuesto fraude fue la burda justificación de un golpe de Estado sangriento contra una democracia. Fuente. Público.es
Ninguna organización republicana u obrera tenía el propósito de subvertir el orden constitucional en la primavera de 1936; porque o no querían o no podían. Tampoco había en marcha ninguna intervención de la URSS en España. La política de Stalin, desde 1925, no era de expansión, sino de socialismo en un solo país, en la URSS. Antes del golpe, no había un estado de violencia revolucionaria o de terror rojo, no había ninguna dinámica de exterminio ni de liquidación de los enemigos de clase y no se asesinaba a las gentes de orden.
La pretensión de cada grupo social y estamento rebelde era la defensa de sus propios intereses: la aristocracia pretendía la conservación del rango y los privilegios; los capitalistas, la libertad de explotación de los trabajadores y la defensa a ultranza de la propiedad; la iglesia, la anulación de las disposiciones que habían mermado sus fueros; los terratenientes e industriales, impedir la reforma agraria y la intervención obrera en las empresas; la prensa de derechas, el derecho a crear opinión y defender el negocio; los militares, profesionales, burócratas y burgueses, la restauración de un orden rígido y autoritario que respetase el escalafón, la jerarquía, la antigüedad y las prebendas. Los vencedores establecieron una dictadura para perpetuar esos intereses y la mantuvieron mediante la represión y la violación de los derechos humanos.
El presidente de la República pidió nuevamente a Manuel Azaña que formara gobierno. Pero nada podía ya detener las pasiones políticas. En la ciudad los puños y las pistolas habían reemplazado al debate político, en el campo la violencia se había convertido en el último recurso para escapar de la pobreza. En Extremadura la paciencia de los jornaleros extremeños se había agotado. En un solo día, el 25 de marzo de 1936, unos 60.000 jornaleros ocuparon casi 3.000 fincas. Los terratenientes ya no temían sólo por sus posesiones sino por sus vidas.
Un Decreto de 28 de febrero, anuló los procesos de desahucio de colonos y aparceros; otro Decreto, del 3 de marzo, devolvió a los yunteros extremeños el arrendamiento de las tierras que habían ocupado en virtud del Decreto de Intensificación de Cultivos de 1932, que fue restablecido el día 14; un Decreto de 20 de marzo, dio vía libre para expropiar temporalmente con indemnización fincas declaradas de "utilidad social", incluso fuera de la zona de latifundio, gracias, paradójicamente, a la “ley Velayos” del año anterior aprobada por la mayoría radical-cedista que había abolido en la práctica la Ley de Reforma Agraria de 1932. Así solo en el mes de marzo se habían asentado más de 70.000 campesinos, en su mayoría yunteros extremeños sobre unas 230.000 hectáreas.
El 19 de abril, el ministro de Agricultura presentaba varios proyectos de ley: uno sobre "Revisión de desahucios de fincas rústicas" que restituía en el derecho de explotación de la tierra a arrendatarios y aparceros desahuciados en virtud de la Ley de marzo de 1935; y otro que derogaba la Ley de Reforma de la Reforma Agraria de agosto de 1935, que se convirtió en ley el 11 de junio, por lo que volvía estar en vigor plenamente la Ley de Reforma Agraria de 1932. Un tercer proyecto de ley, que no llegó a aprobarse por el estallido de la guerra civil, pretendía rescatar las tierras comunales, rectificando parte de la obra desamortizadora del siglo XIX. Gracias a estas leyes y decretos entre marzo y julio de 1936 se asentaron unos 115.000 campesinos, más que en los tres años anteriores, sobre medio millón de hectáreas.
La reacción de los propietarios ante la reanudación de la reforma agraria y el alza oficial de los salarios llevó a muchos a paralizar las labores agrícolas antes de plegarse a las exigencias de contratación de los sindicatos campesinos. Así continuó la alta conflictividad en el campo, no solo debida a la actitud de los propietarios, sino también a la radicalización de las organizaciones campesinas, saldándose todo ello con incidentes violentos. Entre el 1 de mayo y el 8 de julio se contabilizaron 192 huelgas agrarias.
La amnistía y el restablecimiento del gobierno de la Generalidad de Cataluña
La primera medida que tomó el nuevo gobierno del Frente Popular fue la amnistía de los condenados por los sucesos de octubre de 1934, aprobada por la Diputación Permanente de las Cortes el viernes 21 de febrero. Algo que era exigido en las manifestaciones que siguieron al triunfo electoral, y que ya había conducido a la apertura de varias cárceles, de las que salieron no sólo los presos "políticos" sino también los “sociales” (condenados por delitos comunes). Esto fue lo primero que dio la voz de alarma entre los grupos conservadores, ya que el gobierno daba cobertura legal a la presión popular, aunque figurara en su programa electoral. La amnistía puso en libertad a unos 30.000 presos "políticos y sociales".
Tras la salida de los miembros del gobierno de la Generalidad de Cataluña de la cárcel, beneficiados por la amnistía, un Decreto de 1 de marzo reanudaba las funciones del Parlament y reponía en su puesto a Lluís Companys como Presidente de la Generalidad de Cataluña y a sus Consejeros. Era la principal reivindicación del Front d'Esquerres, la versión del Frente Popular en Cataluña, que había obtenido el 59 % de los votos, gracias en parte a que el sindicato anarquista Confederación Nacional de Trabajo (CNT) no hizo propaganda por la abstención, pues esperaba del nuevo gobierno una amnistía para los presos anarquistas. Respondía, además, a la nueva sensibilidad de los partidos republicanos y de izquierda respecto a la cuestión regional, que se tradujo en la aparición de propuestas de autonomía para otras regiones.
De acuerdo con el gobierno central, el Consell Executiu de la Generalidad de Cataluña empezó a aplicar la polémica Ley de Contratos de Cultivo. El tono reivindicativo de los partidos políticos nacionalistas catalanes fue aumentando hasta rebasar en algunos casos los límites del Estatuto. Manuel Carrasco Formiguera de la Unió Democràtica de Catalunya dijo que «Cataluña ha de luchar hasta conseguir constituirse políticamente, como nación que es, en Estado independiente que con toda libertad pueda hacer las alianzas y confederaciones que crea convenientes», mientras que Joan Comorera de la Unió Socialista de Catalunya, que poco después se integraría en el nuevo Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), dijo que «debemos luchar por la República Socialista Catalana federada con la Unión de Repúblicas Socialistas Ibéricas y hermana de la URSS».
Reacción conservadora
La CEDA, salvo Gímenez Fernández, vio la única posibilidad de establecer el estado corporativo en un golpe de estado, al que apoyó sin remilgos. El pueblo, después del bienio derechista, se radicalizó ante el triunfo electoral, exigiendo que la Reforma Agraria se practicase ya, lo que provocó el lock-out empresarial como en 1933. Largo, a parte de impedir que el PSOE participase en el gobierno, no hizo nada para obstaculizar el trabajo del gobierno republicano. G. Robles había intentado que Portela no entregase el gobierno a las izquierdas, pidiendo el estado de guerra, y mandó al conde de Peña Castillo a ver a Franco para que presionase sobre Portela. Cuando Portela se negó, continuaron los esfuerzos para organizar la intervención militar. Goded intentó sacar las tropas del cuartel de la Montaña, pero los oficiales del cuartel y de otras guarniciones se negaron a rebelarse.
Gil Robles ofreció colaboración y una oposición razonable, pero era poco creíble, en un hombre que en los últimos meses ya había tenido contactos con golpistas por dos veces. La izquierda veía la CEDA, Renovación Española, carlista y falangistas, como unidades especializadas del mismo ejército. La derecha armada empezó sus atentados nada más finalizar las elecciones: El 12 de marzo los falangistas intentaron matar a Luis Jiménez Asúa, cuatro días después la casa de Largo fue quemada. La CEDA ofrecía la paz, pero sus juventudes practicaban la violencia, de la que después G. Robles se quejaba y responsabilizaba al gobierno. La Comisión para investigar las elecciones favoreció a la CEDA, al no admitir ninguna acusación de fraude no probado, aunque hubiese evidencias, pero la CEDA hizo propaganda diciendo que les perseguían. Sólo se anularon los resultados en casos clamorosos de fraude, como Cuenca, Salamanca, Granada y en Pontevedra (Portela) y Orense (Calvo Sotelo), donde también había evidencia sobradas. G. Robles afirmó que su partido se le habían arrebatado con malas artes 40 escaños. Prieto y Azaña se encargaron de deponer a Alcalá Zamora para sustituirle por Azaña, pero esto le impedía ser jefe de gobierno, y Prieto, ante la negativa del partido, tampoco, con lo que la posibilidad de un jefe de gobierno fuero se esfumó. El único orden aceptable por la derecha era el que no amenazase los intereses nacionales, que eran idénticos a los de la oligarquía, y G. Robles amenazaba con la guerra si el gobierno no abandonaba la reforma de la estructura económica y social.La violencia de la primavera de 1936 sólo favorecía a los radicales de derecha e izquierda, nunca a los ganadores del Frente Popular. Comunistas, socialistas y hasta anarquistas, pedían tranquilidad, mientras G. Robles amenazaba, y él y Calvo Sotelo, magnificaban en las Cortes los acontecimientos violentos.
El descontento popular tenía el signo opuesto en Navarra, el feudo carlista de campesinos profundamente conservadores estaban dispuestos a defender Dios, Patria y Rey hasta la muerte. Los carlistas se habían rebelado contra la anarquía liberal en el siglo XIX, ahora se disponían a enfrentarse a una República que consideraban roja y atea. Para un número creciente de militares el golpe de estado era la única forma posible de restablecer el orden. Advertido de las conspiraciones militares, el gobierno decidió enviar a los generales más abiertamente derechistas lejos de la Península. El general Franco fue enviado a las islas Canarias, el general Mola fue únicamente trasladado a Pamplona donde se convirtió en el “Director”, el cerebro del complot.
Los terratenientes, aristócratas, etc., financiaron el desorden con suscripciones como la del ABC para el Sindicato Libre de Ramón Sales, para la Falange, etc., que fueron los grupos más violentos. Se sucedieron los ataques a dirigentes socialistas (Jiménez de Asúa y Largo Caballero) para provocar represalias, o acciones como las del 9-10 de marzo en granada, cuando una escuadra de pistoleros falangistas disparó contra un grupo de trabajadores y sus familias, lo que originó una contra manifestación y las lógicas violencias. Calvo Sotelo llegó a pedir públicamente que el ejército diera un golpe. Miles de cedistas se pasaron a Falange, sin que G. Robles hiciese nada por evitarlo. A principios de mayo se repitieron las controvertidas elecciones de Granada y Cuenca, presentando a Primo de Rivera y a Franco en Cuenca. Se incluía al líder falangista para que si triunfaba se beneficiase de la inmunidad parlamentaria para sacarle de la cárcel en la que estaba desde el 14 de marzo. La inclusión de Franco se decidió para conseguir su traslado desde las islas Canarias, donde estaba destinado, a la península, donde la conspiración militar necesitaba su presencia. Puesto que la elección de Cuenca era técnicamente una repetición, dado que ningún candidato había conseguido el 40% de los votos en febrero, no se podían admitir nuevos candidatos, por mucho que lo lamentaran los diputados de la CEDA.
En la CEDA el sector liderado por José María Gil Robles comenzó su política de obstrucción a las instituciones republicanas, por el apoyo a la vía defendida por la derecha monárquica del Bloque Nacional (BN) de José Calvo Sotelo que propugnaba la ruptura violenta del orden constitucional mediante un golpe de estado militar en cuya preparación ya estaban colaborando. Por otro lado, los monárquicos carlistas aceleraron la formación de sus milicias requetés con vistas al alzamiento militar con cuyos dirigentes mantenían contactos. Con Calvo Sotelo y Gil Robles a la cabeza los diputados de la derecha antirrepublicana convirtieron el Congreso de los Diputados en un “campo de batalla” con discursos provocadores y duros enfrentamientos dialécticos con la izquierda. Estos ataques desprestigiaron la estabilidad de la República ante la opinión pública, pues proyectaban una imagen de “desgobierno” que alimentó la “estrategia de la tensión” que se estaba produciendo en la calle.
Falange Española, que a principios de 1936 era una fuerza política marginal con solo 45.000 votos obtenidos en las elecciones de febrero de 1936, comenzó a ver incrementado su número de afiliados, jóvenes de derechas dispuestos a la acción violenta. Falange Española pasó de unos 6.000 militantes a más de veinte mil en pocas semanas.
Combinando la agitación callejera (frecuentemente violenta) de sus jóvenes militantes con la propaganda política, la Falange fue adquiriendo notoriedad en la vida pública española. Aunque en las elecciones de 1936, en las que no obtuvo ni un solo escaño, demostraron su escaso apoyo entre la opinión pública. Por entonces, la Falange ya había diseñado su objetivo político: uso de la fuerza y el abandono de la lucha política legal, contra el ascenso del poder de la izquierda y de los nacionalismos regionales, que entendía como amenazas contra sus valores esenciales. La derrota electoral de 1936 confirmó esa tendencia y lanzó a los falangistas al pistolerismo y a la conspiración contra la República.
La Falange nace ya como una fuerza antiparlamentaria que contempla la violencia como método para alcanzar sus fines. El primer atentado falangista contra un miembro del nuevo gobierno fue el perpetrado el 12 de marzo de 1936 contra el diputado socialista moderado, fue vicepresidente de las Cortes salidas de las elecciones de febrero de 1936 y “padre” de la Constitución de 1931 Luis Jiménez de Asúa, que resultó ileso, pero murió su escolta. El entierro al día siguiente del policía se convirtió en una manifestación de repulsa contra la violencia fascista y se produjeron graves incidentes, con incendios de dos iglesias y de las oficinas del diario derechista La Nación, órgano del Bloque Nacional de José Calvo Sotelo. Los autores materiales del atentado contra Jiménez de Asúa y su escolta lograron huir a Francia.
El gobierno de izquierdas declaró ilegal a la Falange como responsable de desórdenes públicos, y el 14 de marzo de 1936 encarceló a su jefe, José Antonio Primo de Rivera. Cinco meses más tarde tuvo lugar el golpe de Estado militar encabezado por Mola y Franco, con el que dio comienzo la Guerra Civil (1936-39). El gobierno republicano, consciente de la connivencia de la Falange con los golpistas, trasladó a José Antonio de Madrid a una cárcel más segura en Alicante, donde fue condenado a muerte por un tribunal popular y fusilado.
Desde la clandestinidad, la Falange siguió perpetrando atentados y participando en reyertas con jóvenes socialistas y comunistas. La casa de Largo Caballero fue tiroteada, y fueron asesinados el capitán de Ingenieros Carlos Faraudo, adscrito a la Guardia de Asalto e instructor de las milicias socialistas, y el 13 de abril de 1936 el magistrado de la Audiencia Manuel Pedregal, que había condenado a algunos de los falangistas implicados en el atentado contra Jiménez de Asúa.
El 14 de abril de 1936 se conmemoraba el Quinto Aniversario de la República con un desfile militar en el Paseo de la Castellana de Madrid, presidido en la tribuna por el presidente de la República Diego Martínez Barrio y por el presidente del Gobierno Manuel Azaña. Alguien hizo explotar un artefacto al que siguieron varios disparo que causaron la muerte de un alférez de la Guardia Civil. Derechistas e izquierdistas se acusaron mutuamente del atentado. El entierro del alférez al día siguiente se convirtió en una manifestación antirrepublicana a la que asistieron los diputados Gil Robles y Calvo Sotelo, oficiales del ejército y falangistas armados. Desde diversos lugares se produjeron disparos contra la comitiva que fueron respondidos, produciéndose un saldo de seis muertos y de tres heridos.
Entre abril y julio de 1936 los atentados y las reyertas protagonizadas por falangistas causaron más de cincuenta víctimas entre las organizaciones de izquierda obrera. Unos cuarenta miembros de Falange murieron en esos actos o en atentados de represalia de las organizaciones de izquierda. Un centenar de iglesias y conventos fueron asaltados e incendiados, aunque entre las víctimas de la violencia política de febrero a julio no hubo ningún miembro del clero.
Un total de 189 incidentes y 262 muertos, de ellos 112 causados por la intervención de las fuerzas de orden público, fue el saldo de la cruenta violencia política entre febrero y julio de 1936. De las 262 víctimas, 148 eran militantes de la izquierda, 50 de la derecha, 19 de las fuerzas de orden público y 45 sin identificar.
La “estrategia de la tensión” llevada a cabo por los pistoleros falangistas fue respondida por las organizaciones de izquierda. Crecen las organizaciones juveniles paramilitares de la derecha (milicias falangistas, requetés carlistas), de la izquierda (milicias de las juventudes socialistas, comunistas y anarquistas) y los nacionalistas vascos y catalanes (milicias de Esquerra Republicana de Cataluña y milicias del PNV).
Toda esta violencia provocó la percepción entre la opinión pública de que el Gobierno del Frente Popular no era capaz de garantizar el orden público. Esta sensación fue una justificación para el golpe militar que se estaba fraguando contra la República. La prensa católica y de extrema derecha incitaba a la rebelión contra el desorden del que era responsable el “Gobierno tiránico del Frente Popular”, “enemigo de Dios y de la Iglesia”. La confrontación entre clericalismo y anticlericalismo volvió al primer plano.

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Muy buen artículo, los datos están claros, con poco más de 40.000 votos la falange encabezó el golpe de estado contra la democracia republicana... Como siempre la minoría fascista se impuso a sangre y fuego, tenemos que aprender de la historia y, aunque la realidad actual es muy diferente, no volver a caer en los mismos errores de ser demasiado tolerantes con los fascistas, que siempre son antidemocraticos, y anti pueblo se disfracen como se disfracen... Entonces de rojo y negro, hoy de verde y azul... Son ANTIDEMOCRATICOS Y ANTIPOPULARES
ResponderEliminarInteresante artículo
ResponderEliminarEl nuevo gobierno del FP mandó matar a los 2 líderes principales de la oposición en el Congreso, consiguiendo matar a uno de ellos. Esa iba a ser su forma de gobernar, la represión mortal a todo opositor.
ResponderEliminarel asesinato de Calvo sotelo fue consecuencia del asesinato del teniente Castillo.El Teniente de Asalto José Castillo fue asesinado a las diez de la noche del 12 de julio de 1936. Cuando se encaminaba a su trabajo en el Cuartel de Pontejos, cuatro individuos de extrema derecha lo esperaron a la salida de su casa e hicieron contra él varios disparos, uno de los cuales lo hirió mortalmente en el pecho.
EliminarUnas horas después se produjo el asesinato del diputado José Calvo Sotelo. Una excusa perfecta en la que los generales fascistas se apoyaron para justificar un golpe de Estado contra la República que venían planificando desde hacía meses.https://salvoconductosguerracivil.blogspot.com/2018/08/el-asesinato-del-teniente-castillo.html?fbclid=IwY2xjawIgSZBleHRuA2FlbQIxMQABHUvj4TOPkJP0BJhRf9QYy2-i9O5vyoZHu_BC0EJHoeKK0Q_jr45GDhZGrw_aem_UJc8Z0pnsMuy_rgHf7Gd8w
Ángel Viñas, economista, historiador y diplomático español, especialista en la Guerra Civil Española, desmonta en la 'Noche de 24h', el relato de la derecha sobre el golpe militar de Franco contra la República, en la que atribuyen culpa a la izquierda por la revolución de Asturias y al PSOE. "Eso es una estupidez". https://www.youtube.com/watch?v=WkquA7QMhd0
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