LA MENTIRA DE LA TRANSICIÓN ESPAÑOLA: DESMONTANDO EL MITO

Tras la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975 y el breve periodo de Arias Navarro se inició el periodo llamado "Transición Española". El franquismo experimentó una crisis durante sus últimos años. Esta fue esencial para que, tras la muerte de Franco, se hiciera inviable el mantenimiento del régimen del 18 de julio. En ella confluyeron factores como la crisis económica mundial a partir de 1973. También las tensiones internas en las élites políticas, la presión internacional y el aumento de los movimientos sociales.

La muerte del dictador Francisco Franco el 20 de noviembre de 1975 resultó clave para el derrumbamiento del régimen. A finales de ese año Arias Navarro fue nombrado Presidente del Gobierno por el rey Juan Carlos. Receloso de los acontecimientos ocurridos en Portugal meses antes —la Revolución de los Claveles— Arias intentó capitanear un proceso de tímido aperturismo basado en la idea de una “democracia a la española”, más vinculada a la democracia orgánica que a las democracias europeas. Tras fracasar y dimitir en 1976, el borbón nombró Presidente a Adolfo Suárez, quien se encargaría de ir creando las bases de la "Transición Española. Esta palabra que abarracaba todo también se convirtió en un miedo colectivo perpetuado por la prensa donde República y Guerra Civil acabaron convirtiéndose en sinónimos, y la guardia civil y la policía reprimían con dureza al pueblo. Con una Ley de Amnistía que impedía juzgar a los torturadores y responsables de la dictadura, las instituciones cambiaron de chaquetas sin la posibilidad de un ruptura real, permitiendo que todavía nostálgicos de la dictadura existan en instituciones como la policía, guardia Civil, judicaturas, gobiernos, juzgados... como consecuencia de su victoria en el golpe de estado perpetrado en 1936.

Hoy en día, la dictadura perdura disfrazada bajo el manto de la falsa transición.

LOS SUCESOS DE VITORIA

Lo ocurrido aquel 3 de marzo de 1976 en Vitoria pasará a la historia como uno de los mayores actos represivos acaecidos durante la Transición Española.

Dentro del marco de reivindicaciones laborales y políticas que sacudían la España del momento, en Vitoria, miles de trabajadores iniciaban en enero de 1976 una huelga en contra del decreto de topes salariales y por mejores condiciones de trabajo. El 3 de marzo, con un masivo seguimiento, tenía lugar en la ciudad la tercera huelga general consecutiva. La respuesta policial fue intervenir la asamblea de trabajadores que se celebraba en la Iglesia San Francisco de Vitoria. Tras llamar al desalojo y sin dar tiempo al mismo, se lanzaron contra los trabajadores gases lacrimógenos dentro de la iglesia. Esta acción produjo la estampida de los manifestantes que fue respondida con cargas policiales, disparos de pistola y ráfagas de metralleta.

Aquel día 3 de marzo de 1976, en Vitoria, la represión policial ocasionó la muerte de 5 manifestantes y más de 150 sufrieron heridas de bala. Los autores y responsables de aquella matanza nunca fueron condenados ni las víctimas suficientemente reconocidas. La matanza no fue el principio del fin de la represión sino momento álgido de una realidad en la que trabajadores siguieron muriendo en las calles, que el entonces Ministro de la Gobernación, Manuel Fraga, consideraba suyas.

LOS MUERTOS DE LA TRANSICIÓN ESPAÑOLA

Sin la existencia de un registro oficial de víctimas, el primer problema para determinar el número de muertos como consecuencia de la violencia política durante la Transición es, precisamente, el tiempo durante el cual se extendió este periodo. Aunque existe un cierto consenso en situar su comienzo en la muerte de Franco, el 20 de noviembre de 1975, no existe un acuerdo que especifique cuándo concluyó: algunos historiadores consideran que fue un periodo corto que se extendió hasta las primeras elecciones democráticas del 15 de junio de 1977 o la aprobación de la Constitución (el 6 de diciembre de 1978), mientras que otros lo prolongan hasta el intento de golpe de Estado (el 23 de febrero de 1981) o incluso la primera victoria del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en 1982.

LA FALSA TRANSICIÓN ESPAÑOLA: DESMONTANDO EL MITO

El Rey confirmó en su puesto al Presidente del Gobierno del régimen franquista, Carlos Arias Navarro. No obstante, pronto se manifestaría la dificultad de llevar a cabo reformas políticas bajo su Gobierno, lo que produciría un distanciamiento cada vez mayor entre Arias Navarro y Juan Carlos I. Finalmente el Presidente del Gobierno presentó su dimisión al rey el día 1 de julio de 1976. Arias Navarro sería sucedido en el cargo por Adolfo Suárez, quien se encargaría de entablar las conversaciones con los principales líderes de los diferentes partidos políticos y fuerzas sociales, más o menos legales o toleradas, de cara a instaurar un régimen democrático en España.

El camino utilizado fue la elaboración de una nueva Ley Fundamental, la octava, la Ley para la Reforma Política que, no sin tensiones, fue finalmente aprobada por las Cortes y sometida a referéndum el día 15 de diciembre de 1976. Como consecuencia de su aprobación por el pueblo español, esta ley se promulgó el 4 de enero de 1977. Esta norma contenía la derogación tácita del sistema político franquista en sólo cinco artículos y una convocatoria de elecciones democráticas.

Estas elecciones se celebraron finalmente el día 15 de junio de 1977. Eran las primeras elecciones democráticas desde la Guerra. La coalición Unión de Centro Democrático resultó la candidatura más votada aunque no alcanzó la mayoría absoluta y fue la encargada de formar gobierno. A partir de ese momento comenzó el proceso de construcción de la Democracia en España y de la redacción de una nueva constitución.

El Congreso queda constituido por los siguientes diputados: 165 de Unión de Centro Democrático (34,44% de los votos), 118 del Partido Socialista Obrero Español (29,32% de los votos), 20 del Partido Comunista de España (3 del PSUC) (9,33% de los votos), 16 de Alianza Popular (8,33% de los votos), 6 del Partido Socialista Popular (4,46€ de los votos), 11 del Pacte Democratic per Catalunya (2,81% de los votos), 8 del Partido Nacionalista Vasco (1.62% de los votos), 2 de Unió Centre i Democracia Cristiana de Catalunya (0,94% de los votos) y 1 de Esquerra de Catalunya (0,79 % de los votos), 1 de Euskadiko Ezkerra (0,47% de los votos), 1 de Candidatura Aragonesa Independiente de Centro (0,20% de los votos), 1 de Candidatura Independiente de Centro (1,016 de los votos). Suárez siguió siendo Presidente del Gobierno sin que ni siquiera hubiera sesión de investidura, pues ya había sido investido en julio de 1976.

Se formó una Ponencia para redactar el proyecto de Constitución compuesta por 3 miembros de UCD, 1 de Alianza Popular, 2 del PSOE y 1 del PSUC. El PSOE cedió uno de sus puestos a Miguel Roca. El PNV quedó fuera de esa ponencia, ninguna de sus enmiendas fue aprobada y se abstuvo en la votación en el Congreso del Proyecto de Constitución.

Se ha escrito mucho y muy bueno sobre el proceso constituyente del periodo 1977-1978. Reservados de restaurante, algún güisquicheli, cartones de Rex, etc. Hubo siete ponentes, los siete varones, y faltó la representación del nacionalismo vasco, que llamó a la abstención en el referéndum de ratificación del 6 de diciembre de 1978.

El 6 de diciembre de 1978 se aprobó en referéndum la Constitución Española, entrando en vigor el 29 de diciembre. No se planteó separadamente si el pueblo quería un Régimen Monárquico o Republicano. En algunos lugares hubo una gran abstención, y puede afirmarse que en ellas la Constitución no fue aprobada. Por ejemplo, en Gipuzkoa y Bizkaia votó solamente un 44%, en Araba un 43,3% y en Nafarroa un 50%.

El 6 diciembre de 1978, el 58,97% del censo electoral votaba ‘sí’ a la Constitución elaborada por los siete padres fundacionales. El texto se aprobaba en todas las provincias, aunque en Álava, Guipúzcoa, Lugo, Orense y Vizcaya, la cifra de votantes estaba muy por debajo de la mitad del total de personas con derecho a voto: por diferentes motivos, en esas provincias la abstención barrió.

Sobre un censo de 26.632.180 votaron 17.873.271 personas (hubo un 0,75% de votos nulos). Se abstuvieron 8.758.909 personas (32,89%). De los 17 millones largos que votaron, 1.400.000 votaron no, y otras 600.000 personas votaron en blanco. 15.706.078 votaron a favor.

Además, por esas mismas fechas se aprobaron e instauraron otras normas que acabaron de redondear la jugada de la transición política.

El 01.01.1979 se firmó el Concordato con el Vaticano que sustituyó a los Concordatos de 1953 y que, salvando lo más impresentable dejó en vigor los principales intereses de la Iglesia Católica en el Estado Español. Ello formó parte también de los acuerdos de la transición.

Los Acuerdos de la Moncloa entre Adolfo Suárez y el PCE y el PSOE fueron ratificados por el Congreso el 03.10.1977. Con esos pactos se garantizaba la paz social, y empezaba el largo caminar de la renuncia de los derechos de los trabajadores (congelación salarial, promesas incumplidas de creación de empleo, …).

Siendo importante destacar también que la Ley de Amnistía Política no fue aprobada hasta el 14 de octubre de 1977, después de celebradas las primeras elecciones generales en Junio de 1977, y que en ella también se selló la imposibilidad de exigir responsabilidades por los crímenes del franquismo, es decir el pacto de silencio, como colofón de la transición política.

A principios de 1981 dimitió Adolfo Suárez debido al distanciamiento con el Rey y a las presiones internas de su partido. Durante la celebración de la votación en el Congreso de los Diputados para elegir como sucesor a Leopoldo Calvo-Sotelo se produjo el golpe de Estado dirigido por Antonio Tejero, Alfonso Armada y Jaime Milans del Bosch, entre otros. El golpe, conocido como 23-F, fracasó.

LA LEGALIZACIÓN DEL PCE: EL PARTIDO COMUNISTA ENTRE LAS CUERDAS

En diciembre de 1975 el rey Juan Carlos trasladó a Santiago Carrillo el mensaje de que pretendía democratizar el régimen, pidiendo paciencia y el fin de los ataques a la Monarquía. El PCE, que hasta entonces seguía impulsando una ruptura democrática, en el comité ejecutivo de enero de 1976 dejaba ya a un lado las críticas al rey y baja el nivel de ofensiva y movilización. En 1977 anuncia en un viaje a EEUU que el PCE renunciará al Leninismo. Ese mismo año un sector denominado Oposición de Izquierda (OPI), que había surgido tras el VIII Congreso, abandona el PCE y adopta el nombre de Partido Comunista de los Trabajadores (PCT).

El 24 de enero de 1977 tuvo lugar lo que se conoce como la matanza de Atocha de 1977: un comando de ultraderecha entró en un despacho de abogados en derecho laboral de CCOO y el PCE en el centro de Madrid, asesinando a balazos a cinco de ellos y dejando a otros cuatro heridos. Al entierro asistieron más de cien mil personas y se convirtió en una multitudinaria manifestación, que transcurrió sin incidentes. Le siguieron importantes huelgas y muestras de solidaridad en todo el país, además de un paro general de trabajadores el día después del atentado.

El 11 de febrero de 1977 el PCE presenta la documentación para ser incluido en el Registro de Asociaciones y el 9 de abril de ese mismo año el PCE es legalizado, presentándose a las elecciones con Santiago Carrillo como candidato. La militancia del interior, muy próxima a la realidad española y representante de las posturas rupturistas con la dictadura, se veían como los custodios del Partido hasta que los "históricos" exiliados pudieran retornar, pero cuando así ocurrió, los exiliados retornados estaban tremendamente apartados de la realidad española debido a su larga ausencia.

En 1978, en el IX Congreso del PCE, primer Congreso que se celebraba en España desde 1932, salió reelegido Santiago Carrillo como secretario general, mientras que Dolores Ibárruri saldría elegida como presidenta del partido. Las divisiones que ya existían con anterioridad continuaron profundizándose cuando el PCE dejó de considerarse marxista-leninista para pasar a definirse como marxista revolucionario, por 965 votos frente a 248. Francisco Frutos, que luego sería secretario general del PCE, fue quien defendió las tesis leninistas en Madrid, que en el PSUC catalán (donde él militaba) eran mayoritarias. Además, se pasó de una estructura celular a una territorial (rompiendo así con la estructura organizativa tradicional de los partidos comunistas) y se consolidó el distanciamiento de la URSS y el resto de países del Pacto de Varsovia, con el fin de otorgar un cierto aperturismo a la organización y aumentar el apoyo electoral, hecho que dio lugar a muchas convulsiones internas.

La legalización del PCE fue una conmoción para los militares españoles, muchos de ellos excombatientes en el bando nacional en la guerra civil y franquistas en su inmensa mayoría. La cúpula militar se sintió engañada por el presidente del gobierno Adolfo Suárez, dimitió el ministro de Marina, el almirante Gabriel Pita da Veiga, y hubo ruido de sables en los cuarteles.  Aquel malestar acabaría estallando años después en el 23-F.

En medio de aquella tensión y aquellos temores a un golpe militar, el PCE mostró una gran moderación, colaboró con los reformistas encabezados por Suárez y aceptó grandes cesiones, como su renuncia al republicanismo.

Está constatado que el periodista José María Armero, un hombre clave en la transición, llamó a Santiago Carrillo de parte de Adolfo Suárez cuando estaba reunido el Comité Central del PCE. Carrillo se reunió con Armero en un local público cercano y volvió al Comité Central con un escrito remitido por el propio presidente del Gobierno en el que los comunistas aceptaban la Monarquía y su bandera.  Los comunistas se presentaron después públicamente en una rueda de prensa exhibiendo la bandera bicolor. Gerardo Iglesias era entonces un joven dirigente comunista asturiano y estaba entre los asistentes a aquel histórico Comité Central. Cree que ahora hay que revisar la Transición y aquellas decisiones impuestas por lo que entonces se denominaban “poderes fácticos”.

Pero como recuerda Gerardo Iglesias,” el PCE aceptó la monarquía bajo presiones militares”.

http://www.atlanticaxxii.com/750/el-pce-acepto-la-monarquia-en-1977-por-presiones-militares

¿CUÁNDO SE LEGALIZARON LOS PARTIDOS REPUBLICANOS?

Esta carta al diario el PAÍS publicada el 3 de mayo de 1985 refleja claramente la marginación que sufrieron los partidos republicanos.

La reproduzco a continuación:

CARTAS AL DIRECTOR

La marginación de los republicanos

EMILIO TORRES. Madrid. 3 MAY 1985

En el número de ese periódico correspondiente al sábado 27 de abril publicaban ustedes una carta de don Francisco Cuberos, de Murcia, a quien no tengo el honor de conocer, a pesar de ser él y yo republicanos, y de haber sido yo presidente de Acción Republicana Democrática Española. Respecto del contenido de la carta del señor Cuberos me parece oportuno añadir algunas precisiones.

1. No se nos autorizó -a los republicanos- a concurrir a las elecciones de 1977. Persona autorizadísima del Gobierno de Arias Navarro nos había advertido, oficial y solemnemente, que, si no quitábamos la R de Republicana de la denominación del partido, éste no sería legalizado. Tal indicación se hizo, en entrevista personal con el entonces presidente, don Francisco Giral, y el siempre presidente, esté donde esté, don Régulo Martínez.

2. No hace falta un análisis exhaustivo de la situación para comprender que en 1977 las candidaturas republicanas eran, cuando menos, una incógnita, porque podían arrastrar muchos votos y dar como resultado una importante minoría en el Parlamento. No se quiso correr el riesgo, y la famosa democracia se quedó sin saber si la opción republicana podía o no aspirar a algo.

3. No hay que echarle sólo la culpa al Gobierno de Arias Navarro, porque a éste sucedió el del señor Suárez, y las cosas continuaron igual, ya que ARDE no fue legalizado hasta agosto de 1977.

4. Sería injusto olvidar que los llamados partidos de izquierda no demostraron el menor interés, y de ello soy testigo de la mayor excepción, por el reconocimiento y la legalización de ARDE. No es aventurado pensar que los votos republicanos engrosaron otras listas. No hace falta decir cuáles fueron las más beneficiadas.

5. Justamente, por estos antecedentes, dimití, por segunda vez, de la presidencia de ARDE, después de las elecciones de 1982, porque tenía la sensación de que la opinión del partido tenía cierta proclividad a pensar que los triunfadores de 1982 iban a favorecer una cierta libertad de movimiento de los republicanos en cuanto a comparecencias públicas y políticas de propaganda, que no a otra cosa. Dimití, y los hechos me dieron la, razón, porque en las inmediatas elecciones municipales, en 1983, comparecíamos los republicanos en Segorbe (Castellón) con candidatura encabezada por el que había sido alcalde, salido de las urnas en 1979. El resultado fue que, a pesar de que tuvimos más concqjales que AP y el PSOE por separado, uno más que cada una de las minorías, perdimos la alcaldía porque -ya se puede suponer-, aunque parezca inconcebible, se pusieron de acuerdo y nombraron los concejales de ambos partidos un alcalde del PSOE. Sin comentarios.

Como bien dijo Julio Anguita en Salvados:

“La transición fue una transacción, fue un apañito para que el poder económico del franquismo se bañase en el jornal democrático, siguiese mandando económica y políticamente, y continúe hasta hoy”