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jueves, 12 de diciembre de 2013

LA DOCTRINA PAROT: EL FIN DE UNA ERA

LA DOCTRINA PAROT: EL FIN DE UNA ERA

La anulación de la doctrina Parot ya es definitiva: el tribunal de Estrasburgo ya ha dictado sentencia y obliga a España a eliminar de su Código Penal  esta cadena perpetua disfrazada con un velo democrático. Francisco Sanz es abogado del Estado y uno de los abogados de España que se ha posicionado en contra de la anulación de la doctrina Parot. Pero ¿qué es la doctrina Parot?

LOS ORÍGENES: DE DÓNDE VIENE LA DOCTRINA PAROT

La doctrina Parot  tiene su origen en la reforma del Código Penal de 1973 durante la transición española: en esta reforma se anula la pena de muerte y la cadena perpetua, pero se mantiene la pena máxima de 30 años.  Sin embargo, los presos podían gozar de beneficios penitenciarios: por cada dos días de trabajo, se les reducía un día de condena.

Dice el artículo 25 de la Constitución que las penas estarán orientadas hacia la reinserción social del condenado. Pero esa idea de la pena, concebida más como un remedio para curar al reo y devolverle a la sociedad, que como un puro castigo, ya estaba vigente en la legislación penitenciaria heredada de la etapa franquista. Así, el último Código Penal anterior a la democracia, el aprobado en 1973, y que estuvo vigente hasta principios de 1996, creía decididamente en el valor de la reinserción.

Para favorecer la reinserción de los condenados, aquel Código contemplaba varias medidas, de las que nos interesan, ahora, dos. Por un lado, el artículo 70 establecía como límite máximo de cumplimiento los 30 años de prisión. Esto significaba que una persona condenada, por ejemplo, a 200 años de prisión, no estaría entre rejas por el resto de su vida: saldría en libertad a los 30 años. Por otro lado, el artículo 100 ofrecía a los presos la posibilidad de redimir penas mediante el trabajo, en concreto, por cada dos días de trabajo en prisión, el reo reducía su pena en un día. Así, un condenado a diez años de prisión que hubiera estado trabajando durante cuatro años, habría visto reducida su condena en dos años, y solo tendría que cumplir ocho.

La redención de penas existió hasta la reforma penal de 1995. Desde entonces, la reducción de penas se estableció sobre los 30 años.

Entre 2004, coincidiendo con el polémico anuncio de excarcelación de Iñaki de Juana Chaos, y 2005, el Gobierno, entonces del PSOE, hizo revisar los expedientes penitenciarios de todos los condenados de ETA que tenían próxima su excarcelación para ver si podía retrasarlas. En febrero de 2006, el Supremo cambió la interpretación de los tribunales y aprovechó un recurso del preso Henri Parot para establecer –sentencia 197/2006– que los beneficios penitenciarios a los que podía acceder un recluso debían aplicarse sobre cada una de las penas a las que hubiera sido condenado, y no sobre el límite máximo de estancia en prisión. A partir de ese momento, la redención de pena no tomaba como base de cómputo los 30 años sino los 300, 500 o 2.000 a los que hubieran sido condenados. Esto implicaba, en la práctica, alargar las condenas y evitar que condenados con penas altas salieran antes de cumplir 30 años en prisión.
En el año 2006 se establece la doctrina Parot, una doctrina formulada por el Tribunal supremo y convalidada por el Tribunal Constitucional, que aplica la redención de penas sobre cada una de las condenas de los acusados, sin aumentar la pena máxima.

La forma de cumplimiento de la condena total, será de la manera siguiente: se principiará por el orden de la respectiva gravedad de las penas impuestas, aplicándose los beneficios y redenciones que procedan con respecto a cada una de las penas que se encuentre cumpliendo. Una vez extinguida la primera, se dará comienzo al cumplimiento de la siguiente, y así sucesivamente, hasta que se alcanzan las limitaciones dispuestas en la regla segunda del art. 70 del Código penal de 1973. Llegados a este estadio, se producirá la extinción de todas las penas comprendidas en la condena total resultante.

Esta doctrina fue modificada en 2008 solo parcialmente por el Tribunal Constitucional de España en la conocida como doctrina del doble cómputo penal. La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), resolvió definitivamente en un recurso presentando por una condenada de ETA, que la aplicación de la doctrina Parot con carácter retroactivo vulneraba el artículo 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

El caso más reciente de la doctrina Parot es la acusación de la etarra Inés del Río, quien demandó al reino de España ante el tribunal europeo de Estrasburgo.

Desde Europa, el tribunal  de Estasburgo condenó la doctrina Parot por su carácter retroactivo, porque perjudica al acusado y su carácter subjetivo.

Este fallo del Tribunal de Estraburgo establece que España aplicó dicha doctrina de forma ilegal, por los motivos expuestos de irretroactividad penal; afirmando que Inés del Río ha cumplido una pena superior a la que le correspondía en virtud del sistema jurídico penal en vigor al momento de la condena; motivo por el cual condena a la excarcelación inmediata de Inés del Río. La resolución conlleva así mismo el pago de una indemnización a la referida por los daños que se le ha irrogado por la extralimitación en su privación de libertad. En este sentido, referir que el Código Penal va dirigido tanto a los ciudadanos como las autoridades públicas, motivo por cual, partiendo del alargamiento de condena sufrido, el Estado debe resarcir a la misma, si bien es previsible que el Estado no desembolse cantidad alguna en compensación, sino que a lo sumo, se rebajará de los miles de euros a que fue condenada Inés del Río por los daños ocasionados con sus terribles actos.

Asimismo, el tribunal distinguió entre la pena (es decir, los años de condena) y la ejecución de la pena (cómo se cumple dicha pena), señalando que los beneficios penitenciarios se deben aplicar en la ejecución de la pena. Según la doctrina Parot, la redención de penas se aplica respecto de cada una de ellas individualmente y no sobre el máximo legal permitido de permanencia en prisión que, según el ya derogado Código Penal de 1973, es de 30 años.



PROBLEMAS CON EUROPA: CHOQUES CON BRUSELAS

Desde  Europa, siempre se ha tratado de buscarla unidad, también a nivel jurídico. En el convenio de Roma de 1950 se estableció un sistema jurisdiccional en Europa, permitiendo que cualquier ciudadano europeo pueda acudir a Estrasburgo para revisar casos jurídicos estableciendo en su artículo 5 que la privación de libertad solamente es legal si hay una condena y en el artículo 7 la aplicación de un Estado de derecho, que establece que no puede haber pena sin ley, defendiendo la presunción de inocencia.

Europa no concede mucha autonomía a España, pues no permite la interpelación de la pena: el ingreso en la Unión Europea quien busca crear un marco legal común no permite un margen de maniobras a España ni eludir las decisiones del tribunal de Estrasburgo.

La sentencia del tribunal europeo de Estrasburgo declaró contraria a la normativa del derecho europeo la doctrina Parot. Esta decisión es inapelable.

Siendo una decisión inapelable, sólo quedaría como opción el incumplimiento de lo dispuesta en la sentencia. El Gobierno ya ha dicho que va a cumplir con aquello a que le obliga el fallo.
Hay que recordar que en el Estado de Derecho es incompatible la cadena perpetua encubierta como la denominada Doctrina Parot. Esto nos debe hacer cuestionar el sistema dónde vivimos, que permite que determinados delincuentes se pudran entre rejas cuando representa que el sistema penitenciario tiene el objetivo de resocializar.

El PRINCIPAL problema: la irretroactividad de las leyes penales desfavorables.

Pues bien, el problema estriba en que, hasta la Sentencia 197/2006, los años de redención de penas se habían descontado desde el máximo de cumplimiento, no desde el total de la pena. Por tanto, aplicar la doctrina Parot a aquellos delitos cometidos antes de 2006 podría suponer la aplicación retroactiva de una ley penal, algo que prohíben tanto nuestra Constitución como el propio Convenio Europeo de Derechos Humanos. Eso es lo que alega en Estrasburgo la defensa de la etarra Inés del Río, otra asesina que estaría ya en la calle de no ser por la doctrina Parot.

El problema jurídico es complejo. Es cierto que el principio de seguridad jurídica prohíbe aplicar retroactivamente una ley penal desfavorable. Pero también es cierto que, como señaló el Abogado del Estado en la vista de la semana pasada, la aplicación de la doctrina Parot a un condenado no supone alargar su pena o incrementar su condena (algo que el principio de seguridad jurídica prohíbe hacer retroactivamente), sino interpretar de un modo concreto el modo de contabilizar su cumplimiento, pues la redención de penas por el trabajo, en realidad, no afecta al cómputo de la pena, sino solo a su cumplimiento, es decir, la redención de pena es un modo de adelantar la salida de prisión, pero no de reducir la pena.
En cualquier caso, a nadie se le escapa que el problema de la compatibilidad de la doctrina Parot con el principio de seguridad jurídica no es un tema pacífico, y que habrá que esperar a lo que dictamine la Gran Sala.

Asimismo, la capacidad punitiva del estado  está limitada por la regla básica de la irretroactividad, que rige con carácter general en nuestro derecho y resulta inexcusable en el Derecho Penal.

En resumen, la irretroactividad penal supone la imposibilidad de aplicar, a una determinada conducta, una sanción que al tiempo de cometerse no estaba prevista legalmente; también conocida como garantía de ley previa. De lo contrario, la aplicación normativa con carácter retroactivo redundaría no en otra cosa que en una soberana incertidumbre sobre la adecuación de nuestros actos presentes a la legalidad; por cuanto actos que hoy podrían ser lícitos y ajustados a derecho, mañana podrían ser tachados de delito y en consecuencia llevar aparejados sanciones penales que nos podrían ser aplicadas en virtud de dicha retroactividad penal. Como es de ver, ello supondría un choque flagrante y directo contra el principio de seguridad jurídica, enteramente conectado con el Estado Democrático y de Derecho que todos ansiamos y deseamos mantener (o al menos su ideal).

Por otra parte,  es necesario destacar que la Unión Europea trata de buscar mecanismos de unión, no solamente a nivel económico y político, sino también a nivel jurídico, a pesar de las distintas peculiaridades de los países miembros.

Entonces, la pregunta que debería hacerse Europa es si apuesta por una estado unitario o federal.



LA POLÉMICA DECISIÓN: DISTINTAS OPINIONES

La anulación de la doctrina Parot y su aplicación ha dividió a las asociaciones de jueces del estado español.
Jueces para la Democracia ha mostrado su apoyo al Tribunal Europeo, manifestando su reconocimiento y labor jurídica de la unión europea en pos de una sociedad más justa y más democrática.

La claridad de la sentencia del TEDH debe llevarnos a la conclusión de que la doctrina Parot resulta contraria a los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución. por ello, debe respetarse la labor que están haciendo nuestros tribunales al llevar a la práctica dicha resolución.

 RESTO DEL ARTÍCULO

Desde el entorno del movimiento de la izquierda abertzale se ha aplaudido la decisión del tribunal Europeo y la derogación de la doctrina Parot.

Los magistrados europeos han confirmado la ilegalidad de la interpretación jurídica concebida para alargar su estancia en prisión. La decisión, empero, excede el caso de la presa de Tafalla. Es vinculante, sienta jurisprudencia y constituye una severa censura de una política antiterrorista basada en la venganza. Una política que ha degradado la vida social e institucional dentro y fuera de Euskadi. (...)

RESTO DEL ARTÍCULO


Por otra parte, la Asociación de Víctimas del Terrorismo ha mostrado su rechazo al fallo del tribunal de Estrasburgo, oponiéndose frontalmente a cualquier tipo de liberación de miembros de ETA: el
los exigen el cumplimiento íntegro de todas las penas y exigen justicia con  “vencedores y vencidos”.

COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO


El ejecutivo de Mariano Rajoy también ha mostrado su rechazo al fallo. El Gobierno español, a través de la Abogacía del Estado defendió ante la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en Estrasburgo que la doctrina Parot aplicada a la terrorista de ETA Inés del Río no viola el Convenio Europeo de Derechos Humanos porque no ha supuesto alargar su pena y ha preguntado al tribunal si "¿es igual un asesinato que 132?" a la hora de calcular y aplicar los beneficios penitenciarios para un asesinato que para múltiples. Se refería a los 24 asesinatos consumados por la terrorista y a los 108 en grado de tentativa.

Sin embargo, el presidente del gobierno y varios de sus ministros han defendido que “ hay que acatar el fallo de Estrasburgo aunque no nos guste”. El ejecutivo español ha cerrado filas en torno a las víctimas mostrando su apoyo y solidaridad.

Los socialistas y UPyD también han criticado la anulación de la doctrina Parot. Para el PSOE “Repugna las consecuencias”  mientras que UPyD “Solo piden "justicia" para las víctimas y para el fortalecimiento de la democracia”.

Por otra parte, la izquierda parlamentaria y el PNV han mostrado su satisfacción por la anulación de la doctrina Parot. Según la Izquierda Plural La sentencia "avergüenza" a las instituciones españolas democráticos y da argumentos "victimistas" a los "terroristas" Para el PNV la sentencia es "justa y necesaria".


El papel de la judicatura tras el fallo de Estrasburgo

Amaia Izko, abogada de varios presos políticos vascos, sostiene que la cuestión no es tanto si el Gobierno se va a resistir a aplicar una sentencia contraria, sino, más bien, “si las distintas instancias judiciales del Estado español, que hasta ahora se han mostrado tan dóciles --salvo contadas excepciones-- a la hora de asumir un esperpento jurídico como la doctrina Parot, podrían asumir su mantenimiento a pesar de un nuevo dictamen contrario de Estrasburgo, si es que este se produce en los términos de la sentencia de julio. Yo personalmente creo que, de ser así, la situación que se crearía resultaría absolutamente insostenible. La doctrina está cada vez más cuestionada en el ámbito jurídico e incluso en el judicial: en las últimas semanas hemos asistido a pronunciamientos diversos, y de gran importancia, que ponen en duda esta doctrina”.

RESTO DEL ARTÍCULO




¿Y AHORA QUÉ? ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA DOCTRINA PAROT

La Constitución Española en su artículo 9 señala el principio de irretroactividad de las leyes, es decir, que las leyes y demás normas del Estado, las CCAA, etc. no pueden ser aplicadas con anterioridad en su entrada en vigor. Poniendo un ejemplo, cuando una ley entra en vigor, por regla general regula sus materias desde el día de entrada en vigor hacia el futuro, nunca lo que se reguló con la ley anterior será modificado. Todo esto conlleva una excepción y es que en determinados casos si esa modificación legal conlleva un importante beneficio para la sociedad puede ser retroactiva pero siempre que beneficie, jamás si perjudica.
La "doctrina Parot" claramente es lesiva para los condenados ya que en el momento de ser sentenciados existía una norma, con la que podemos estar o no de acuerdo, pero es la que es y como en todo Estado de Derecho que se precie debemos respetar. De hecho, muchos condenados ya deberían haber cumplido su pena hace años y en cambio han seguido en la cárcel al amparo de una decisión sin precedentes y claramente política.

La doctrina Parot ha sido utilizada indiscriminadamente por varios sectores de la sociedad como arma arrojadiza y como medida puramente represiva y extrapolada a delitos que a priori no estaban incluidos en el borrador.

Al estar basada en los fundamentos del Código Penal de 1973, la doctrina Parot no deja de ser el reflejo de una cadena perpetua con traje democrático: esto se debe, en parte,  a la inexistencia de un proceso de ruptura con la dictadura franquista.

Al no haberse producido una ruptura sino una transacción de un sistema dictatorial a un sistema democrático, éste último conserva varios resquicios de la dictadura franquista, tan a nivel cultural, político y judicial.


Las voces críticas contra la sentencia de Estrasburgo no se cimientan sobre argumentos racionales y propiamente jurídicos, sino más bien en sentimientos, tendencias, intenciones... que son totalmente respetables pero que, a lo hora de legislar, carecen de relevancia al ser juicios paralelos y subjetivos que contradicen el ideal de un estado de derecho, es decir, la reinserción de los acusados en la sociedad.

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