14 DE ABRIL: FECHA HISTÓRICA DE LOS REPUBLICANOS

El 14 de abril es un día de celebración para todos los republicanos y debería serlo a nivel nacional.
El 14 de abril de 1931 se proclamó la Segunda República española, enviando al exilio a la monarquía de Alfonso XIII, quien había apoyado el golpe de estado de Primo de Rivera, perpetuando el caciquismo y la corrupción mientras el pueblo pasaba hambre y vivía en condiciones de absoluta miseria.

Tras la convocatoria de elecciones del 12 de abril, los republicanos ganaron en las poblaciones urbanas, rompiendo así el sistema de turnismo implantado por Cánovas en el s. XIX y, gracias la impulso del Pacto de San Sebastián, la república española pudo asentarse como un régimen democrático en un momento donde los sistemas democráticos desaparecían y surgían movimientos totalitarios como el fascismo o el nazismo. España se convirtió en una pequeña isla democrática dentro de un mapa europeo lleno de dictaduras militares de carácter fastiszoides o simplemente dictaduras fascistas.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

El ascenso al trono de Alfonso XIII en 1902 coincidió con un periodo de máxima decadencia tras la derrota en Cuba y Filipinas. Los intentos de recuperación económica se vieron frenados por la conflictividad social y por las continuas derrotas del ejército en Marruecos, donde España trató de recuperar el prestigio internacional perdido en la guerra de 1898 por medio de una campaña colonial desesperada en las exiguas posesiones africanas que le habían correspondido en el reparto del continente. 

Varios fueron los problemas que conmocionaron la vida pública española en 1917: 

• Deterioro de la economía: la prosperidad generada por el comercio con las potencias beligerantes comenzaba a dar muestras de flaqueza a medida que la Gran Guerra llegaba a su fin.
• Descontento de los militares: estaban insatisfechos por el sistema de promociones y por los continuos fracasos en la campaña de Marruecos.
• Agotamiento del sistema electoral corrupto impuesto por la Restauración, lo que llevó a protestar a los diputados liberales y a pedir un cambio de la Constitución.
• Auge de los nacionalismos, sobre todo en Cataluña.
• Un movimiento obrero cada vez más importante, debido al descontento por la pobreza, el paro y la guerra colonial interminable.
• Para afrontar la crisis se establecieron, entre 1917 y 1919, varios Gobiernos de concentración nacional, que se mostraron incapaces de solucionar los problemas del país.
• La España de principios del siglo XX conoció un cierto grado de desarrollo industrial que cambió las estructuras sociales y dividió a la población en dos grupos básicos. 
• La oligarquía dominante, formada por ricos empresarios y la nobleza, que acaparaba casi todos los recursos del país.
• El proletariado agrícola e industrial, mayoritario y muy empobrecido. La clase media era reducida y de poca relevancia social.
• El auge del movimiento obrero, especialmente del anarquismo, condujo a una serie de protestas en defensa de mejoras laborales y sociales que fueron duramente reprimidas por la Policía, el ejército y los pistoleros a sueldo de la patronal. Algunos partidos de izquierda respondieron organizando sus propios grupos armados.

A nivel internacional, los resultados no pudieron ser más desalentadores: 

• Continuas derrotas del ejército español en el norte de Marruecos, frente a las tribus del Rif, mal equipadas pero conocedoras del terreno y más motivadas para el combate.
• Sangría permanente de hombres, dinero y recursos en una guerra que no reportaba ningún beneficio para España.
• Descontentos populares por la gran mortandad de soldados y el despilfarro militar, que actuaba como freno al desarrollo industrial. Especialmente graves resultaron los sucesos de 1909 durante la Semana trágica de Barcelona, protesta contra la movilización de soldados que se saldó con una represión brutal.

Desde el punto de vista militar, la guerra se prolongó desde 1909 a 1927. El acuerdo con Francia en 1904 había dividido el territorio marroquí en dos zonas de influencia, quedando la franja norte bajo la supervisión de España. Las tropas españolas, mal equipadas y desmoralizadas, sufrieron gravísimas derrotas en 1909 (Barranco del Lobo) y 1921 (Annual), ésta frente al líder rifeño Abd el Krim. En 1926, la intervención del ejército francés puso fin a la guerra. Abd el Krim se entregó al mando francés y España consiguió, durante el año siguiente, controlar su parte del protectorado marroquí.

Los años Veinte: Del desastre de Annual a la Dictadura de Primo de Rivera y la caída de la monarquía 

La situación interna tras el desastre de Annual (1921) entró en una espiral de conflictividad caracterizada por: 

• El fracaso de las reformas democratizadoras.
• El aumento del desempleo.
• Las huelgas obreras y campesinas.
• La impopularidad de la campaña de Marruecos.

El desastre de Annual (1921), marcó el punto crítico en una situación política insostenible. Dos años más tarde, con el apoyo del rey y de los empresarios catalanes, el general Primo de Rivera, que había sido ministro de la Guerra, instauró una dictadura militar con el propósito de restaurar la deteriorada situación del país. Su gobierno se basó en los siguientes puntos: 

• Suspensión de las garantías constitucionales.
• Disolución de las Cortes.
• Prohibición de partidos políticos y sindicatos.

El poder se concentró en el general, que desde 1924 contó con el apoyo de la Unión Patriótica, partido único inspirado en las ideas fascistas que comenzaban a imperar en Italia. El objetivo de la Unión Patriótica era acoger en el Gobierno a elementos civiles conservadores y así equilibrar el predominio de los militares del primer ejecutivo que formó Primo de Rivera. 

La dictadura consiguió pacificar la vida pública del país a costa de una durísima represión, al tiempo que daba por terminada la guerra de Marruecos gracias a la intervención francesa. La industrialización cobró cierto auge y la economía se recuperó. Sin embargo, la mayor parte de los problemas sociales continuaba en plena ebullición. Perdido el apoyo de los catalanes, del ejército y del rey, el general Primo de Rivera fue destituido en 1930.

Una vez destituido el general Primo de Rivera, Alfonso XIII trató de restablecer el sistema electoral fraudulento basado en las ideas de la Restauración . Sin embargo, la pervivencia de una monarquía desprestigiada era ya insostenible. El apoyo que dio Alfonso XIII al dictador Primo de Rivera desprestigió la imagen de la monarquía ante la sociedad española. 

Varios fueron los problemas que precipitaron la abdicación de Alfonso XIII: 

• Decadencia del sistema tradicional de turno de partidos.
• Ascenso de las organizaciones de izquierda, en especial los grupos de tendencia republicana.
• Crisis económica.
• Grave atraso de las zonas rurales.
• Conflictos sociales generalizados: terrorismo patronal y sindical; enfrentamientos armados entre grupos extremistas de izquierda y derecha, sobre todo en Madrid y Barcelona.

Miguel Primo de Rivera y Alfonso XIII

La dictablanda de Berenguer

La dictablanda fue el último periodo de la Restauración borbónica de Alfonso XIII, comprendiendo dos gobiernos: primero el del general Dámaso Berenguer (1930-1931), quien intentó restablecer la "normalidad constitucional" tras la dictadura de Primo de Rivera, y luego el del almirante Juan Bautista Aznar, que facilitó el paso a la proclamación de la Segunda República española en 1931. El término "dictablanda" se usaba irónicamente para referirse a un régimen menos riguroso que la dictadura anterior. 

Ante una crisis política de difícil solución, el Almirante Aznar formó un Gobierno de concentración monárquica con la colaboración de los regionalistas, prometió convocar elecciones, empezando por las municipales, y dar a las nuevas Cortes el carácter de Constituyentes. También incluía en su programa de gobierno la revisión de la Constitución y la autonomía de Cataluña. Pero, si el Gobierno Berenguer había sido homogéneo y disciplinado, el presidido por Aznar fue radicalmente contrario. En él estaban representados todos los monárquicos y, dada su heterogeneidad y falta de dirección, ni siquiera parecía un gobierno. No calmó a la opinión pública y los disturbios universitarios continuaron. La convocatoria de elecciones municipales la llevó a cabo rápidamente. Se celebraron el 12 de abril y la jornada electoral fue concebida por los republicanos como un plebiscito a favor o en contra de la Monarquía. Los últimos datos que tuvo el Marqués de los Hoyos antes de la proclamación del nuevo régimen señalaban un total de 22.150 concejales monárquicos y 5.875 antimonárquicos. En ocho provincias, entre ellas las cuatro catalanas, el número de concejales republicanos era superior al de los monárquicos. Las capitales de provincia habían proporcionado una clara victoria a las izquierdas. Las diferencias en votos a favor de los antimonárquicos eran todavía mayores que en concejales. El sistema caciquil había colapsado y por primera vez en España el Gobierno era derrotado en unas elecciones. Habían votado aquellas zonas en las que existía opinión pública y se habían pronunciado en contra de una Monarquía que sólo estaba representada a nivel local por los caciques. En el medio rural no se había votado por la Monarquía, se había continuado sin votar, como demuestra el hecho de que se aceptó de manera pasiva el cambio de régimen.

General Dámaso Berenguer y Almirante Juan Aznar

Los resultados de las elecciones del 12 de abril, dieron el triunfo a las candidaturas republicano-socialistas en 41 de las 50 capitales de provincia. La ciudadanía madrileña, cuando comenzaron a conocerse los resultados, se echó a la calle para proclamar la República. 

El Gobierno provisional, al recibir sus poderes, manifestó que dado el origen democrático de su poder y en razón de la responsabilidad en que deben moverse los órganos del Estado, someterá su actuación colegiada e individual al discernimiento y sanción de las Cortes Constituyentes. Igualmente, el Gobierno, adoptó como norma depuradora de la estructura del Estado, someter, en defensa del interés público, a juicio de responsabilidad, los actos de gestión y autoridad pendientes de examen, desde la disolución del Parlamento en 1923: así como abrir expediente de revisión en los órganos oficiales, civiles y militares, a fin de que no resulte consagrada la prevaricación ni acatada la arbitrariedad habitual en el régimen que termina.

LAS CONQUISTAS REPUBLICANAS

Sin embargo, la época clave de la política española fue la Segunda República. Pongámonos en el contexto histórico: Durante el verano de 1930 los partidos de izquierda firmaron el pacto de San Sebastián, por el que se comprometían a colaborar en el establecimiento de un régimen republicano. 

Apenas un año más tarde, y en medio de un clima particularmente tenso, se celebraron unas elecciones municipales que dieron la victoria en las principales ciudades a las organizaciones republicanas. El Rey, advertido por los resultados, decidió abdicar con el propósito de evitar el derramamiento de sangre. El día 14 de abril de 1931 se proclamó la II República en todo el territorio español. 

En junio de 1931 se celebraron elecciones a las Cortes Constituyentes de la República. El resultado fue de abrumadora mayoría para la coalición de partidos socialistas y republicanos, los cuales elaboraron una nueva Constitución que fue aprobada en el mes de diciembre. 

El nuevo texto constitucional incluía los siguientes puntos:

• Reconocimiento de las libertades y derechos ciudadanos.
• Sistema unicameral (Congreso de los Diputados).
• Sufragio universal igualitario, con derecho de voto para las mujeres.
• Reconocimiento del derecho a la autonomía de las regiones y carácter cooficial de las lenguas catalana, vascuence y gallega.
• Libertad de cultos y separación entre el Estado y la Iglesia. España se convertía en un país laico.
• Creación del concepto de «utilidad social», como base para la expropiación de los grandes latifundios.

El principal objetivo de la nueva ordenación republicana fue hacer de España un país moderno, industrializado e integrado en el concierto internacional. Para ello era necesaria una reforma generalizada de todos los aspectos de la vida del país: 

• Democratización de la actividad política.
• Reforma agraria.
• Industrialización, basada en una relación justa entre patronal y trabajadores.
• Solución de los problemas regionalistas mediante la concesión de autonomías.
• Supresión de la influencia de la Iglesia.
• Modernización del ejército.

La política reformista del gobierno republicano encontró gran resistencia por parte de la derecha, agrupada en la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), y por la Unión Militar Española (fundada en 1933), que englobaba a los sectores más conservadores del ejército.

¿Qué provocó la llegada de la Segunda República? Principalmente fue el reconocimiento de una serie de derechos y deberes que antes eran exclusivos de las clases dominantes. La Segunda República fue la primera vez en la que el jornalero y el obrero tenían voz y voto y eran tratados humanamente. El movimiento obrero se politizó al pedir mejoras en sus condiciones laborales: era la primera vez en España que se podía hablar de política: La ley electoral es fundamental para el asentamiento de la nueva  democracia. La antigua ley estaba dominada por las oligarquías del país, sobre todo en el campo. La ley electoral se reforma para votar las nuevas Cortes constituyentes, sin las presiones de la coacción caciquil, ni la compra de votos. Lo más importante de la nueva ley es el sufragio universal, que concede el voto a las mujeres y que les permite, por primera vez, acceder a las Cortes, de las que entran a formar parte desde el principio. Además, se extiende a toda la provincia el mismo sistema electoral que se aplicaba a las ciudades, es decir, se votan tantos diputados como se tienen asignados, en contra del voto restringido que dominaba anteriormente.

Estos diputados están representados en el Parlamento, cuya tarea principal es hacer una constitución que sea ley fundamental. Esta es una novedad en el constitucionalismo español, es la primera vez que todas las leyes han de supeditarse a la constitución. 

Quizás lo más llamativo de la república es el cambio social que se produce en España. La derecha tratará de consolidar la revolución liberal con un régimen parlamentario democrático, lejos de la monarquía constitucional, y a la manera del resto del mundo. La izquierda tratará de fomentar las transformaciones sociales hasta conseguir las condiciones propicias para una revolución social. Se trata de seguir el ejemplo de la URSS, y los momentos cumbres son la revolución de Asturias en de 1934 y los sucesos Casa Viejas.

Con la Proclamación de la II República el 14 de abril de 1931 se abría en España una etapa democrática de grandes avances sociales para la población pero tal vez especialmente para las mujeres, un camino hacia la igualdad en una época de reivindicaciones feministas.

El 9 de diciembre de ese mismo año, el Congreso de la II República aprobó su Constitución, un texto legal avanzado que concedía a la ciudadanía un amplio catálogo de derechos civiles inéditos hasta ese momento.

Define al país en su artículo 1 como “una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de Libertad y de Justicia.” En su artículo 2 proclamaba la igualdad de todos los españoles ante la ley y en el tercero la laicidad del Estado: “El Estado español no tiene religión oficial”.

Avanzando en el texto constitucional de 1931, encontramos otro artículo, el 25, que cita expresamente la igualdad de todas las personas independientemente de su sexo “No podrán ser fundamento de privilegio jurídico: la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas ni las creencias religiosas. El Estado no reconoce distinciones ni títulos nobiliarios”.

Derechos para las mujeres

A partir de la igualdad proclamada en los artículos 2 y 25, la II República desarrolla una legislación que va a dotar a las mujeres de una posición de igualdad legal que nunca antes había alcanzado y que dará lugar a que la mujer ocupe espacios de poder reservados hasta ese momento exclusivamente a los hombres.

El desarrollo de esta legislación y el reconocimiento de la igualdad legal responden también a las demandas de un activo movimiento feminista que desde la década de los años 20 y a través de distintos colectivos de mujeres (colectivos culturales, políticos, sindicales) reclamaron derechos y un lugar en la sociedad que les había estado vetado hasta ese momento.

También se le reconoció a la mujer igualdad en derechos laborales y el igual acceso a empleos y cargos públicos; concretamente, el artículo 46 de la Constitución del 31 asegura a todo trabajador, hombre o mujer, la regulación de “los casos de seguro de enfermedad, accidentes, paro forzoso, vejez, invalidez y muerte; el trabajo de las mujeres y de los jóvenes y especialmente la protección a la maternidad; la jornada de trabajo y el salario mínimo y familiar; las vacaciones anuales remuneradas;…”; lo que obligó a prohibir las cláusulas de despido por maternidad o matrimonio.

Entre 1931 y 1935, 741.771 trabajadoras tuvieron acceso al Seguro Obligatorio de Maternidad.  Esta voluntad igualitaria de la II República se reflejó en numerosas reformas legales en los ámbitos de la maternidad, la familia, el trabajo y la educación que consolidaron los derechos de las mujeres. Un dato estadístico que habla de esta decidida apuesta de los gobiernos de centro-izquierda de la República es la afiliación de esas trabajadoras al Seguro Obligatorio de Maternidad que introdujo un servicio estatal de atención sanitaria, de descanso maternal y de subsidios a las madres trabajadoras.

Derechos para los Trabajadores 

Las reformas más importantes fueron la ley del Contrato de Trabajo de 1931, que derogó el Código de Trabajo de 1926 y la Ley de Jurados Mixtos.

En 1931 se crearían también el Tribunal Central de Trabajo y la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Y se dotaría a todas las provincias de Inspectores de Trabajo.

Las primeras reformas en este campo fueron acordadas por el Gobierno Provisional a propuesta del Ministro de Trabajo, el socialista Francisco Largo Caballero, a la par líder de la UGT, que continuó con el mismo cargo en el Gobierno de Azaña.

Las dos piezas básicas de su proyecto de regulación de las relaciones laborales, la Ley de Contratos de Trabajo y la de Jurados Mixtos, fueron muy contestadas tanto por la CNT como por los patronos.

El número de huelgas y de incidentes violentos a consecuencia de ellas (que crearon graves problemas de orden público) se fue incrementando a lo largo del primer bienio de la República, a causa fundamentalmente de la negativa de la CNT a utilizar los mecanismos oficiales de conciliación.

Lo que estaba en juego eran dos modelos sindicales: socialista y anarcosindicalista, casi opuestos, que además seguían teniendo una presencia diferente en las diversas regiones, pues si los socialistas eran preponderantes en Madrid, Asturias y el País Vasco, los anarquistas lo eran en Andalucía, Valencia y Cataluña.

Los patronos también se movilizaron contra la reforma socio-laboral de Largo Caballero. Así, a finales de enero de 1933, en plena crisis política por los sucesos de Casas Viejas, la Confederación Patronal Española dirigió una carta abierta a Azaña en la que señalaba la “vertiginosa rapidez” con que iba siendo aprobada la nueva legislación social y se quejaba de los Jurados Mixtos que prácticamente siempre daban la razón a los obreros, gracias al voto del representante del Ministro de Trabajo que deshacía los empates. En parecidos términos se expresó la Unión Económica, que agrupaba a empresarios y economistas, que se quejó de las tendencias “socialistas” del Gobierno. Estas movilizaciones confluyeron en una asamblea económico-social celebrada en Madrid en julio de 1933, en la que se pidió la salida de los socialistas del gobierno, a los que hacían responsables de la «ruina de la economía» por el aumento de los costes (a causa de los incrementos de los salarios) y de la intervención obrera (la «socialización en frío» la llamaban) y por su ineficacia para detener y reducir el número de huelgas y garantizar la paz social.

Así pues, las primeras reformas en este campo fueron acordadas por el Gobierno Provisional a propuesta del ministro de Trabajo, el socialista Francisco Largo Caballero, cuyo proyecto consistía en crear un marco legal que reglamentara las relaciones laborales y afianzará el poder de los sindicatos, especialmente de la UGT, en la negociación de los contratos de trabajo y en la vigilancia de su cumplimiento.

La Ley de Contratos de Trabajo, de 21 de noviembre de 1931, regulaba los convenios colectivos (negociados por los representantes de las patronales y de los sindicatos por períodos mínimos de dos años y que obligaban a ambas partes) Contenía, además, normas sobre los salarios, y dictaminaba las condiciones de suspensión y rescisión de los contratos. Además establecía por primera vez el derecho a vacaciones pagadas (7 días al año) y protegía el derecho de huelga que, bajo ciertas condiciones, no podía ser causa de despido.

La Ley de Jurados Mixtos, de 27 de noviembre de 1931, extendía el sistema de jurados mixtos (aprobado en mayo para el sector agrario) a la industria y a los servicios. En el fondo se trataba de una reforma de la organización corporativa de la Dictadura de Primo de Rivera, en la que se ampliaban las atribuciones de los comités paritarios (en los que había participado la UGT en representación de los trabajadores). Su composición era la misma, representantes de los empresarios elegidos por las asociaciones patronales y representantes de los trabajadores representados por los sindicatos obreros, más un funcionario del Ministerio de Trabajo que era quien presidía el jurado mixto. Su misión era también: mediar en los conflictos laborales estableciendo un dictamen conciliatorio en cada caso, que si era rechazado por una de las partes el Jurado lo podía remitir al Consejo Superior de Trabajo, que era la última instancia mediadora.

En el apartado de los seguros sociales, el equipo de Largo Caballero dio un considerable impulso a su obligatoriedad y universalización, apoyándose en las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo y en la labor organizativa del Instituto Nacional de Previsión. El Seguro obligatorio de Retiro Obrero pasó de tres millones y medio de trabajadores a cinco millones y medio. Asimismo, un Decreto de 26 de mayo de 1931 estableció el Seguro de Maternidad con carácter obligatorio y garantizó la asistencia sanitaria por maternidad al conjunto de las trabajadoras asalariadas. Y una Ley de octubre de 1932 estableció el seguro de accidentes de trabajo, que fijaba la cuantía de las indemnizaciones.

Reforma Agraria

El Gobierno provisional declaró en mayo de 1931 su voluntad de acometer una reforma agraria integral que facilitara la transformación social, política e industrial de España y la “posibilidad de una democracia aldeana”.

Para solucionar la difícil situación de los jornaleros desde el primer gobierno provisional se tomaron unas medidas en los llamados «Decretos agrarios» de Largo Caballero:

• Se prohibía a los propietarios de tierras que echaran a los campesinos que arrendaban las tierras.
• Se aplicaba también a los jornaleros las jornadas de 8 horas ya conseguidas por los obreros industriales.
• Se obligaba a contratar para el trabajo de las tierras a jornaleros del propio municipio.
• Se obligaba a los propietarios a cultivar las tierras bajo amenaza de confiscación para evitar que los terratenientes boicotearan a la república dejando las tierras sin cultivar.

Al mismo tiempo que se promulgaban los «decretos agrarios», una Comisión Técnica Agraria creada el 21 de mayo de 1931 había comenzado a preparar un anteproyecto de Ley de Reforma Agraria de acuerdo con la promesa hecha en el punto 5° del Estatuto jurídico del Gobierno Provisional.​

«El Gobierno Provisional declara que la propiedad privada queda garantizada por la ley; en consecuencia, no podrá ser expropiada, sino por causa de utilidad pública y previa la indemnización correspondiente. Mas este Gobierno, sensible al abandono absoluto en que ha vivido la inmensa masa campesina, al desinterés de que ha sido objeto la economía agraria del país y a la incongruencia del derecho que la ordena con los principios que la inspiran y deben inspirar las legislaciones actuales, adopta como norma de su actuación el reconocimiento de que el derecho agrario debe responde a la función social de la tierra»

El 20 de julio de 1931, sólo una semana después de la apertura de las Cortes Constituyentes, la Comisión Técnica Agraria presentó el anteproyecto que le había encargado el Gobierno Provisional. Los puntos fundamentales del mismo era que se preveía la “ocupación temporal” (aunque sin fecha de finalización) de aquellas propiedades que excedieran las 10 hectáreas en regadío y las 300 de secano por familias de jornaleros sin tierras a un ritmo de 60.000 a 75.000 por año, que las explotarían en régimen de cooperativa, a las que el Estado les proporcionaría los medios necesarios. La reforma se financiaría mediante un impuesto especial progresivo sobre los latifundios  y un Instituto de Reforma Agraria sería el encargado de su aplicación.

Rechazada la propuesta de la Comisión Técnica Agraria, una Comisión del Ministerio de Agricultura elaboró un nuevo proyecto que presentó a las Cortes Constituyentes el 25 de agosto de 1931. El principio de la nueva propuesta era la expropiación con indemnización, lo que satisfacía a los propietarios rurales, de las tierras de “origen señorial”, las fincas que superaran la quinta parte del término municipal y de las que estuvieran “notoriamente abandonadas”. El texto de nuevo fue muy criticado por los socialistas, y hubo que rehacerlo. Por fin se presentó en marzo de 1932 un último proyecto elaborado por el equipo del Ministerio de Agricultura de Marcelino Domingo.

Pero el debate de este último proyecto de Ley de Reforma Agraria fue muy lento, a pesar de que el proyecto del ministro Marcelino Domingo era más moderado que el de la Comisión Técnica Agraria,  ya que suprimía el impuesto sobre los latifundios, mantenía las indemnizaciones y renunciaba a la expropiación por Decreto. Y la discusión se habría prolongado aún más de no haberse producido el intento de golpe de Estado encabezado por el general Sanjurjo, el 10 de agosto de 1932,  que al ser derrotado dio al gobierno el impulso definitivo para la aprobación de la Ley.

La Ley de Bases de la Reforma Agraria fue aprobada el 9 de septiembre de 1932. Previamente una Ley de 24 de agosto había expropiado sin indemnización las tierras cultivadas propiedad de los antiguos grandes de España, grandes propietarios de tierras, acusados de haber financiado la Sanjurjada (se trataba de más de medio millón de hectáreas, hasta entonces propiedad de sólo 65 aristócratas).

Como dijo el ministro de Agricultura, el radical socialista Marcelino Domingo, en una intervención en las Cortes a favor del proyecto que él mismo había presentado (el 24 de marzo de 1932), la reforma agraria tenía «tres finalidades principales: primera, evitar el paro obrero en el campo [mediante el asentamiento de jornaleros en las tierras expropiadas]; segunda, distribuir la tierra [expropiando las grandes fincas «señoriales» y los latifundios en manos de propietarios absentistas]; tercera, racionalizar la economía agraria [disminuyendo el crecimiento de la superficie cerealista y devolviendo a los núcleos rurales sus antiguos bienes comunales, perdidos con las desamortizaciones del siglo XIX».

La Ley de Reforma Agraria sólo contemplaba cuatro tipos de tierras expropiables: los señoríos jurisdiccionales, las tierras mal cultivadas, las sistemáticamente arrendadas y las que estaban en zonas de riego y no hubieran sido convertidas en regadío.

A pesar de las grandes expectativas que había levantado, los efectos de la Ley de Reforma Agraria fueron muy limitados: a finales de 1933 sólo se habían ocupado 24.203 ha, repartidas entre 4.339 campesinos, a los que habría que añadir otros tres o cuatro mil en las tierras previamente expropiadas a la Grandeza. Y un año después, cuando se detuvo el proceso (por la llegada de la CEDA al poder), se había asentado a 12.260 nuevos propietarios en 529 fincas, con un total de 116.837 ha.

Las razones de este fracaso en la aplicación de la ley fueron varias, pero básicamente fue debido a una: el Instituto de Reforma Agraria (IRA), que era el organismo encargado de aplicar la ley, fue dotado de unos recursos humanos y económicos claramente insuficientes, debido a la falta de dinero de la Hacienda pública y al boicot que realizó la banca privada (vinculada familiar y económicamente a los terratenientes) al Banco Nacional de Crédito Agrícola, creado por la Ley para financiar la reforma (El IRA contaba con un presupuesto anual de 50 millones de pesetas, claramente insuficiente).

La lentitud en la aplicación de la ley se intentó paliar con una medida complementaria, que fue el Decreto de Intensificación de Cultivos de 22 de octubre de 1932, que permitía la ocupación temporal de fincas de tierras de labranza que hubieran dejado de ser arrendadas a cultivadores y se hubieran dedicado sólo a la ganadería en la mitad sur de España (Extremadura fundamentalmente). La medida afectó a 1.500 fincas en 9 provincias (unas 125.000 hectáreas) y dio trabajo a 40.108 familias, sobre todo extremeñas, cuyos miembros se encontraban en paro.

El fracaso de la reforma agraria fue una de las causas principales de la aguda agitación social del periodo 1933-34, porque el anuncio de la reforma hizo creer a muchos jornaleros en una rápida entrega de tierras, que finalmente no se produjo por lo que pronto se sintieron decepcionados. Esto llevó a la radicalización de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT) de UGT a la que se habían afiliado muchos jornaleros del campo, con la promesa del reparto de la tierra, que experimentó por ello un crecimiento espectacular. Coincidiendo así con la CNT, que desde el principio había combatido una reforma agraria que, según ella, consolidaba el modelo capitalista en el medio rural e imposibilitaba el que se produjera una «verdadera» revolución.

El primer gobierno de la república se formó en julio de 1931 con miembros de todos los partidos republicanos, con el encargo de hacer una constitución. Pero la situación en la que queda la Iglesia dentro de esa constitución, provoca la primera crisis de la república, derribando al gobierno.

Una vez terminada la constitución el primer presidente, Alcalá-Zamora, afronta los asuntos de: la cuestión agraria y del estatuto de autonomía para Cataluña. Estos serán los problemas centrales de la república, y los que produzcan mayores tensiones sociales.

La proclamación de la República no supuso el cambio automático de la estructura social del país, pero la oligarquía burguesa, la aristocracia y los terratenientes, perdieron el control de sus órganos de gobierno, aunque conservaron el poder económico. Se harán esfuerzos para arrebatárselo.

La tenencia de la tierra era un modelo de prestigio social, y el símbolo del control económico. Se prolongan las estructuras del Antiguo Régimen, por lo que se hace necesaria una reforma agraria, política. Aumenta el número de jornaleros y caen las servidumbres de la propiedad.

Durante la república quien toma el poder es la pequeña burguesía democrática y autonomista, impulsada por los intelectuales y los profesionales liberales cuya finalidad es modernizar el país. Pero la pequeña burguesía no fue capaz de crear una sociedad civil apropiada y sucumbió víctima de sus divisiones internas, su heterogeneidad y sus sentimientos y tendencias localistas. 

También se le reconoció a la mujer igualdad en derechos laborales y el igual acceso a empleos y cargos públicos; concretamente, el artículo 46 de la Constitución del 31 asegura a todo trabajador, hombre o mujer, la regulación de “los casos de seguro de enfermedad, accidentes, paro forzoso, vejez, invalidez y muerte; el trabajo de las mujeres y de los jóvenes y especialmente la protección a la maternidad; la jornada de trabajo y el salario mínimo y familiar; las vacaciones anuales remuneradas;…”; lo que obligó a prohibir las cláusulas de despido por maternidad o matrimonio.

La Iglesia, a pesar del anticlericalismo de muchos republicanos, se instala en el poder, durante el bienio radical-cedista. Hay continuas tensiones con la Iglesia, desde el polémico artículo 26 de la constitución, a la quema de conventos e iglesias exagerada por la propaganda de derechas.

Laicidad del Estado

Para ello proponían que se prohibiera la religión confesional en cualquier ámbito escolar (público o privado) y de las instituciones del Estado; que se suprimiera el presupuesto estatal para el culto y el clero; que se aprobara como único matrimonio oficial, el civil; que se legalizara el divorcio; que se secularizaran los cementerios; y que se disolvieran las órdenes religiosas cuyos reglamentos fueran opuestos a las leyes del Estado o no se sometieran al poder civil, como era el caso (en aquella época) de los jesuitas (para ello abogaba por la nacionalización de sus bienes, pasándolos, en su caso, a ser colegios públicos y laicos).

Las cuestiones urgentes más llamativas de intento de secularizar España, se dieron en el ámbito de la Enseñanza: el Gobierno Provisional de la II República, sin esperar a la reunión de las Cortes Constituyentes, el 13 de mayo emitió una circular de la Dirección General de Enseñanza Primaria que concretaba el decreto de 6 de mayo que había declarado como voluntaria, por el alumnado, la asistencia a la enseñanza religiosa y eximía de impartirla a los maestros que no quisieran hacerlo.

El 21 de mayo un decreto declaraba obligatorio el título de maestro oficial para ejercer la enseñanza, esto si afectaba a los colegios religiosos, ya que los frailes y monjas que impartían las clases carecían del mismo. Ello enfadó mucho a la cúpula religiosa. Pero era una medida muy importante, sobre todo, justa.

Con los artículos 26 y 27 de la Constitución, los decretos sobre cementerios, laicidad de la escuela y sobre todo con la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas de 1933 la Iglesia perdía la gran mayoría de los privilegios que venía disfrutando en nuestro país desde siglos atrás y que en países vecinos ya habían sido suprimidos décadas antes.

Sin embargo, la Iglesia adoptó enseguida una actitud victimista y agresiva, negando cualquier posibilidad de acuerdo que disminuyera sus privilegios lo más mínimo desde el principio y llamando a la movilización popular casi armada. Confundieron privilegios históricos inimaginables en otros Estados europeos con derechos inalienables.

La cultura y educación

Pero a pesar de todos los problemas de la república, este es un período de máximo esplendor cultural, sobre todo en literatura, con las generaciones del 98 y el 27. La ciencia, la filosofía y la cultura son un arma de combate.

La Segunda República fue un faro de esperanza para todos aquellos que querían una regeneración democrática en España: Durante los años de gobierno republicano conquistamos el sufragio universal, hicimos de la cultura un estandarte y de la educación nuestra seña de identidad. Un gobierno que quería transformar un modo de vida intentando llevar a cabo la reforma agraria, que permitía un mejor reparto de la tierra, y construyendo también los cimientos de una sociedad libre para establecer las bases de una democracia justa.

El gran acierto de la República fue la educación. En el primer bienio republicano se construyeron más escuelas y centro de instrucción que en todos los años de la monarquía de Alfonso XIII. La República llevó la educación y la cultura a las áreas rurales, algo que llevaban haciendo los centros obreros anarquistas y socialistas muchos años antes. La alfabetización, fundamental para el movimiento obrero, era la cuenta pendiente de la República. Las Misiones Pedagógicas, la formación de escuelas, la formación de maestros y maestras, de profesores, la creación de institutos de segunda enseñanza, la reforma de la Universidad, etc. Toda una pléyade de derechos educativos que hicieron avanzar la sociedad española. Junto a ella se desarrollaron otros derechos como el de asociación (reprimido durante la dictadura), libertad de prensa, libertad de opinión, etc.

“En ningún momento, bajo ninguna condición, en ningún tiempo, ni mi partido ni yo, en su nombre, suscribiremos una cláusula legislativa en virtud de la cual siga entregado a las órdenes religiosas el servicio de la enseñanza. Eso, jamás. Yo lo siento mucho; pero esta es la verdadera defensa de la República”. Con estas férreas palabras, Manuel Azaña defendió en el Parlamento de la II República la laicidad de la enseñanza.

El 30 de abril se proclamó el decreto de bilingüismo, el 6 de mayo se proclamó el decreto que estableció la no obligatoriedad de la enseñanza de la religión, y el 23 de mayo se proclamó el decreto del Ministerio de Instrucción Pública destinado a crear 23.435 escuelas. Bajo el lema «Sembrar España de escuelas».

Marcelino Domingo sentó las bases del proyecto educativo más ambicioso de toda la historia de España: la creación de 23.435 escuelas y 7.000 plazas de maestros que debían ser la infraestructura material y humana para una escuela pública laica, única, de inspiración pedagógica institucionista y en la que se garantizaba la enseñanza en la lengua materna. Fue el responsable de impulsar la instrucción primaria, para luchar contra el analfabetismo imperante en la España monárquica. Para Marcelino Domingo: “España no será una auténtica democracia mientras la mayoría de sus hijos, por falta de escuelas, se vean condenados a perpetua ignorancia”.

El logro de los partidarios de la República fue el primigenio; la instauración de un sistema parlamentario que garantizaba la libertad de pensamiento y la militancia política y sindical. Tal fue así que en las elecciones de 1933 hasta 26 partidos consiguieron representación parlamentaria, circunstancia que hizo especialmente compleja la gobernabilidad del Estado.

¿Por qué es necesario conocer el legado republicano?

En resumen: se avanzó hacía la laicidad del estado, rompiendo el monopolio cultural que en ese momento tenía la Iglesia. Como bien sentenció Manuel Azaña, España había dejado de ser católica y abrazó la laicidad. La constitución estipulaba la aconfesionabilidad del estado. La libertad de culto y la supresión del presupuesto del culto y clero. Se permitió el matrimonio civil y el divorcio. Ante el temor a las órdenes religiosas por la influencia que éstas tenían en la educación a través de la enseñanza, disolución de los jesuitas y nacionalización de sus bienes. Se prohibió la enseñanza a otras órdenes religiosas. La ley de congregaciones limitó la posesión de bienes las órdenes religiosas y previas la posibilidad de la disolución en caso de peligro para el estado. Buena parte de la jerarquía eclesiástica manifestó su oposición hacia la república.

Desde el primer momento, la república española estuvo amenazada: no solo por la coyuntura europea, donde la democracia moría y surgían dictaduras fascistas y fascistoides sino también por las viejas élites económicas y militares que la veían como una amenaza a sus viejos privilegios. El historiador Ángel Viñas  afirma que los monárquicos declararon la guerra a la República el mismo 14 de abril de 1931. La proclamación de la República ya era para la extrema derecha monárquica sinónimo de Revolución y no estaban dispuestos a permitirlo. Al fin y al cabo, España había sido suya durante siglos y no estaban dispuestos a compartir el poder. Y mucho menos con masas obreras organizadas. Pero una cosa es declarar la guerra y otra cosa es hacerla. Para lo segundo necesitaban armas modernas, especialmente, aviones de guerra. Y los monárquicos se lanzaron en brazos de la Italia fascista. En otoño de 1935 la alianza ya estaba sellada: monárquicos y fascistas se habían conjurado en la tarea de evitar que la izquierda volviera a gobernar en España. El 18 de julio de 1936 se consumó la amenaza. Un golpe de Estado fracasado derivó en una Guerra Civil, que culminó con la victoria de un actor secundario en la rebelión, como era Francisco Franco. 

La dictadura se encargó de la labor de intentar borrar toda huella republicana a través de la represión, la tortura y el exilio. También adueñándose de proyectos republicanos y vendiéndolos como propios: La cantidad de mitos que giran en torno al franquismo y a la figura de Franco son numerosos. Hay cierto sector fascista, comúnmente denominado 'nostálgico', que continúa ensalzando la figura del dictador pese a haberse demostrado todo lo que perjudicó a nuestro país. Para eso, recurren a mitos como que la Seguridad Social la inventó Franco, o que fue él quien creó las vacaciones pagadas. Pero nada de esto es cierto.

El pueblo español fue la verdadera víctima de la dictadura, reprimido y represaliado. Durante los 40 años que vivió Franco, España quedó relegada a un segundo plano en todos los aspectos, aunque el más significativo fuera el desarrollo social y económico. A pesar de que los nostálgicos venden la dictadura como un gran desarrollo económico gracias a la ayuda norteamericana en el contexto de la guerra fría con las bases militares y las migajas del Plan Marshall y el posterior Plan de Estabilización de 1959, los datos están ahí: hasta 1976 la economía española no recuperó el nivel de 1934, siendo la 12ª economía del mudo según el Banco mundial, cuando a principios del siglo XX era la 6ª y si existía paro, pero este no empezó a contabilizarse hasta 1973, sin contara las miles de personas que tuvieron que emigrar a otros países gracias al "milagro económico" de Franco.

Como dijo el poeta Antonio Machado