La Represión Franquista
El 1 de abril de 1939 es una fecha que aunque queramos, no debemos olvidar. Ese día terminó la Guerra, pero no comenzó la paz. El país se dividió en vencedores y vencidos, y la sangre de los vencidos comenzó a empapar la tierra más que en la misma contienda y las cárceles se llenaron de presos cuyo único delito era haber defendido la legalidad de la República. En la "Nueva España" que había ideado el "caudillo por la gracia de dios" no cabían todos.
Pero para aquellos que se quedaron dentro de las fronteras españolas, esa máxima que presumían las autoridades del Régimen por el cual "la consideración y aun la honra del enemigo vencido son compatibles con la dureza de la guerra y están dentro de la mejor tradición española". Como se ve el uso del cinismo y la mentira en la derecha reaccionaria española no es de ahora, viene de antiguo. No hubo rastro de consideración ni de respeto hacía el vencido, España entera se convirtió en un inmenso campo de concentración, miles y miles de personas fueron encarcelas, asesinadas, humilladas de la peor manera posible, especialmente la dictadura se cebó con las mujeres, ya fuesen por ser ellas “rojas” por serlo sus maridos, o sus padres, niñas de catorce años y menos, fueron entregadas para disfrute de mercenarios moros. El rapado al cero o las purgas con aceite de ricino, fueron cotidianos.
En muchos pueblos la represalia contra los combatientes fue cruel, asesinatos, encarcelamiento y algo de lo que se ha hablado poco, los avales no solían darse por buena voluntad de quienes firmaban. Los avales se firmaban a cambio de la entrega de tierras, propiedad de republicanos a cambio de aval, eso sí con el chantaje permanente de que en cualquier momento ese aval podría caducar, por lo cual los robos podían extenderse durante mucho tiempo, una viña ahora, una parcela… Fueron muchos los fascistas que juntaron auténticos latifundios gracias a esta criminal práctica. Como vemos lo de robar o apoyar a quienes roban, como actualmente hace el gobierno de España apoyando a las entidades financieras que roban a los ciudadanos, tampoco es algo nuevo, viene de lejos.
En las cárceles de Franco en la posguerra llegaron a hacinarse más de 270.000 personas en condiciones infrahumanas, y a las ejecuciones habría que sumar las muertes de aquellos que fallecieron en las cárceles por causa de estas condiciones. «Los avances en la comprensión de la represión como un fenómeno de más amplio alcance que las ejecuciones y los asesinatos van haciendo cada vez más inteligible la nueva realidad social que se fue configurando en torno al régimen»
La represión se ejerció en muchos ámbitos, no sólo fueron las ejecuciones y largas condenas de cárcel, se creó una sociedad donde los vencidos estaban excluidos de la vida política, cultural, intelectual y social. También hay que añadir la represión económica durante la primera etapa del régimen en virtud del favoritismo con que actuaba el Estado en favor de los vencedores o penando a los vencidos. En ese sentido puede decirse que en este terreno hubo, por así decirlo, un botín de guerra. la corrupción y el amiguismo vinieron a empeorar las condiciones de vida de la posguerra y la desnutrición y las enfermedades provocaron al menos 200.000 muertes por encima de la tasa de mortalidad anterior a la guerra.
Durante la postguerra, el régimen franquista aplicó la legislación represiva generada durante la guerra civil española (1936-1939), ampliada y matizada por un conjunto de órdenes, decretos y leyes de carácter complementario. Durante el periodo 1939-1948, el eje de la política represiva franquista fue la "justicia" militar que, con sus sumarios de urgencia y sus consejos de guerra, llenó las prisiones de penados y los cementerios de ejecutados (Decreto de 28 de julio de 1936, que se mantuvo hasta julio de 1948). Decenas de miles de personas fueron sometidas a consejos de guerra, de las cuales el 90% fueron condenadas, de estas un 85% a penas de prisión de entre 6 y 30 años y un 15% a penas de muerte8.
La legislación militar fue completada con la Ley de Responsabilidades Políticas, de 9 de febrero de 1939 (reformada el 1942, derogada el 1945, aunque sus expedientes estuvieron vigentes hasta 1966), con la finalidad de extorsionar económicamente a las personas y a las familias republicanas y a sus herederos en caso de muerte9. La Ley de represión de la Masonería y el Comunismo de 1 de marzo de 1940 (vigente hasta el 1964) y la Causa General (abril de 1940) que intentará recoger todos los detalles que hubiesen podido escapar de las anteriores leyes represivas. Todavía, el 11 de abril de 1941 se publicó la Ley de Seguridad del Estado; el 3 de enero de 1945, el Código Penal franquista, y el 18 de abril de 1947 se le añadió la Ley de Represión del Bandidaje y Terrorismo. Más adelante se crearía el Tribunal de Orden Público (1963-1977), que procesaría a miles de luchadores antifranquistas mediante la incoación de 22.660 procesos10.
Un conjunto de leyes represivas con el único objetivo de legalizar unos procesos judiciales sin ningún tipo de garantía jurídica. En los procesos Sumarísimos de Urgencia y en los Consejos de Guerra se juzgaban en un mismo proceso y en una hora veinte, treinta o hasta cuarenta personas que, sin posibilidad de defensa, eran condenadas a penas de muerte, a cadena perpetua o a 12 o 20 años de prisión. Estos juicios sumarísimos tenían como objetivo castigar de forma ejemplar a los que se habían opuesto al triunfo del franquismo y aterrorizar a los indiferentes11. En ellos y en los juicios de Responsabilidades Políticas a menudo se mezclaban los intereses y las venganzas políticas con las personales.
Todo ello complementado por las depuraciones, en las cuales todos los trabajadores púbicos debían demostrar su inocencia y que "limpiaron" la administración, los centros educativos públicos y las juntas directivas de las asociaciones populares, de personas "desafectas'". Sirva de ejemplo que, de los 15.860 funcionarios públicos que había en Catalunya durante el período republicano, tan solo 753 conservaron su empleo durante el franquismo, menos del 5%12.
El magisterio fue uno de los principales sectores afectados por las depuraciones. Entre las primeras víctimas de lo que Queipo de Llano llamaba el "movimiento depurador del pueblo español" figuraron los alcaldes, los concejales y los sindicalistas, pero también los maestros. Porque, como se decía en un artículo publicado en la prensa de Sevilla en los primeros días del "alzamiento": "No es justo que se degüelle al rebaño y se salven los pastores. Ni un minuto más pueden seguir impunes los masones, los políticos, los periodistas, los maestros, los catedráticos, los publicistas, la escuela, la cátedra, la prensa, la revista, el libro y la tribuna, que fueron la premisa y la causa de las conclusiones y efectos que lamentamos"13. Tantos eran los enemigos que había que depurar. El objetivo era muy claro: la escuela debía servir fundamentalmente para el adoctrinamiento de los jóvenes, es decir, para difundir la ideología del Nuevo Estado: confesionalismo católico, patriotismo español excluyente y exaltado, negación de la pluralidad cultural del país, transmisión de valores jerárquicos: de obediencia, disciplina y sacrificio
Desmontando los mitos del franquismo
La cantidad de mitos que giran en torno al franquismo y a la figura de Franco son numerosos. Últimamente están resurgiendo con fuerza debido a que el Consejo de Ministros ha aprobado definitivamente el decreto ley para exhumar sus restos y los ciudadanos están opinando de forma activa respecto a esto. Hay cierto sector fascista, comúnmente denominado 'nostálgico', que continúa ensalzando la figura del dictador pese a haberse demostrado todo lo que perjudicó a nuestro país. Para eso, recurren a mitos como que la Seguridad Social la inventó Franco, o que fue él quien creó las vacaciones pagadas. Pero nada de esto es cierto.
La década de los 40 fueron años de pobreza por los destrozos de la guerra, el aislamiento internacional de España y porque el gobierno franquista pretendía que el país fuera autosuficiente: por ello impuso la autarquía. La corrupción existente y el estraperlo —el mercado negro— empeoraron la situación. Pese a las cartillas de racionamiento, la mayor parte de la población pasaba hambre.
Todo se agravaba aún más a consecuencia de la represión social de la dictadura y de la precariedad de las condiciones laborales: en la posguerra los sueldos eran miserables, insuficientes del todo para sacar adelante una familia. Esta circunstancia obligaba, entre otras cosas, a que los niños y niñas debieran ponerse a trabajar mucho antes de la edad legalmente permitida. Así, la documentación nos muestra casos de familias en situación crítica y, además, señaladas con el dedo de los servidores de la dictadura, puesto que, a menudo, el marido y padre se encontraba exiliado, encarcelado y/o condenado a trabajos forzados.
El expolio franquista
Una de las vertientes más importantes, y menos estudiadas, de la implantación de la dictadura franquista fue el saqueo o expolio al que fueron sometidos los vencidos. Incluso después de ser asesinados. Miles de familias republicanas vieron cómo les robaron sus casas, empresas, propiedades, dinero y por ende su posición social, su bienestar y sus posibilidades de ofrecer a sus descendientes un futuro mejor.
La represión del nuevo régimen abarcó todas las modalidades posibles: Ejecuciones, encarcelamientos, depuraciones ideológicas y, además, la confiscación de sus bienes. La idea partía de que ningún republicano quedara sin castigo, pero también permitía recaudar fondos en una España empobrecida y, por otro, repartir las propiedades de los republicanos como si fuera un botín de guerra entre las familias que sí habían apoyado el golpe de Estado del 18 de julio y la implantación de la dictadura. Propiedades como el Pazo de Meirás, el palacio de Cornide o la Casa del Pico en Madrid, un inmueble que, por cierto, la familia consiguió vender en 1988 por 320 millones de pesetas.
El expolio franquista y la construcción de un nuevo Estado también significó la aparición de una nueva clase empresarial forjada durante los primeros años de la dictadura gracias al Boletín Oficial del Estado y beneficiándose directamente de la represión. Bien apropiándose de empresas que no les pertenecían, utilizando mano de obra esclava o haciendo desaparecer a sus empresas competidoras, regentadas por republicanos.
Los cálculos plasmados en la obra La España de Franco (1939-1975) de la editorial Síntesis, 13.251 millones de pesetas de dinero republicano quedaron fuera de circulación, así como 10.536 millones que habían sido depositados en cuentas corrientes y de ahorro. Una parte de los descendientes de las familias afectadas por el robo de este dinero sigue batallando a día de hoy para que el Estado les devuelva lo que quitó a sus familiares.
Franquismo S.A las empresas aupadas por la dictadura
Los empresarios durante la guerra y la dictadura no se limitaron a ser meros espectadores, sin fuerza para influir en el Estado. La clase política y la empresarial forma parte de una élite que comparte elementos sociales y culturales comunes porque procede con frecuencia de las mismas familias, se educa en los mismos colegios y defiende principios como la propiedad privada, el orden o la riqueza, de escasa significación para otros grupos.
Las empresas obtuvieron beneficios de distintos modos: algunas usaron mano de obra forzada, otras se aprovecharon de la represión de sus competidores por pertenecer al bando republicano y otras, simplemente, se lucraron gracias a la cercanía con Franco cuando el régimen efectuó su inmensa obra pública: el Valle de los Caídos. Además, el franquismo propició unas condiciones laborales muy ventajosas para las empresas, ya que no existía el sindicalismo ni se podían negociar unas condiciones salariales y de trabajo dignas.
Algunas empresas que cotizan en el IBEX 35, como Naturgy, OHL o Iberdrola, se lucraron con la represión y el modelo autárquico que impuso el dictador y, hoy día, siguen sin reparar a las víctimas. Es una obviedad que muchas de ellas no existían durante el franquismo tal como las conocemos, pero muchas de las que hoy operan en la bolsa española han sido constituidas a base de adquisiciones de otras empresas y absorción de otras muchas que no solo trabajaban durante el franquismo, sino que se lucraron de forma directa gracias a la represión durante la dictadura.
Más información aquí: Franquismo S.A. Antonio Maestre
La querella argentina contra la dictadura franquista
Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo CEAQUA
Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo CEAQUA
El Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que visitó el Estado español en septiembre del pasado año y también el Relator Especial que nos visitó en enero del presente año han emitido sendos Informes Definitivos que serán presentados los días 10 y 12 en el 27º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en la sede ONU de Ginebra.
Entre ambos Informes nos encontramos con más de 60 ‘recomendaciones’ al Estado español para que cumpla con todos los requisitos que le obligan su adhesión a la Convención Internacional de Derechos Humanos. 42 Recomendaciones son por su política de olvido y ocultamiento de desapariciones forzadas o involuntarias, con más de 120.000 víctimas repartidas en miles de fosas por todas las cunetas y cementerios del Estado español; 19 Recomendaciones se refieren a la nula voluntad de aplicar la Verdad, la Justicia, la Reparación y las garantías de no repetición de golpes militares y dictaduras como la vivida durante 40 años.
Que tras 37 años de democracia formal y “ejemplar transición” nos encontremos todavía con más de 60 recomendaciones de este calibre deja muy clara la impunidad con la que el franquismo y sus herederos se mueven en todos los aparatos del Estado manteniendo su poder. Nos felicitamos por la contundencia con la que ambos Informes denuncian las carencias y faltas de una verdadera política de Estado para hacer Justicia con todo lo acontecido desde el golpe militar del año 1936. No obstante hay algunos temas soslayados o tratados de forma parcial y sesgada a los que nos referiremos seguidamente.
El Informe sobre Desapariciones se refiere a las violaciones de derechos humanos realizadas durante la “Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura (1939-1975)”. Sería necesario precisar que en julio de 1936 en el Estado español, no se inició una Guerra Civil, sino que se ejecutó un golpe militar contra una República democráticamente elegida.Devino en una guerra de tres años por la resistencia popular que se le opuso al levantamiento fascista. Difuminar el origen del conflicto no ayuda a situar la Verdad.
Por otro lado, la persistencia de la dictadura durante 40 años no se entiende sin los soportes internacionales. El papel jugado durante largos años, por ejemplo, por el Vaticano (firma del Concordato con el Régimen de Franco en abril de 1953); o por los Estados Unidos de Norteamérica (Pacto de Madrid de 1953); o por las potencias occidentales (Gran Bretaña, Francia….) apoyando en los años cuarenta a través del Gobierno de Perón en Argentina al Gobierno español; o por las mismas Naciones Unidas, admitiendo su entrada en 1955, son muestra de ello. El Régimen de Franco pasó de ser un aliado del eje fascista Alemania-Italia, a ser bendecido por esas potencias. Su responsabilidad en la persistencia de la larga noche del franquismo forma también parte de la Verdad.
En el año 1975 murió el dictador, pero eso no significó el fin de la dictadura. Desde 1976 y durante toda la década de los 80 continuaron las muertes violentas producidas directamente por los aparatos del Estado o por sus cloacas. Sólo en Euskal Herria se superan las trescientas personas asesinadas de forma violenta durante esos años: José Luís Cano (asesinado en 1976), Germán Rodríguez (1978), Joseba Barandiaran (1978), Gladys Del Estal (1979), Yolanda Gonzalez (1980)… La persistencia e impunidad de todo el aparato del Estado franquista durante y tras la “transición” son la causa directa de todos esos crímenes que la Verdad no puede ocultar.
El informe dice que en la transición ha constatado que “España respondió a la violencia terrorista sin utilizar de manera sistemática la desaparición forzada”. Sin embargo la realidad nos dice que el Estado español ha utilizado de forma sistemática a sus cuerpos policiales y de forma “asistemática” a los GAL, Batallón Vasco Español, la Triple A, con más de ochenta muertos en su haber. ¿A partir de qué número se considera uso sistémico de la desaparición forzada?.
Se nos hace muy dudosa la parte del Informe en la que se habla de la evolución y adaptación democrática de las fuerzas armadas españolas, dado que se mantienen constantes actuaciones y homenajes a favor de las “glorias” franquistas pasadas: homenajes a la “División Azul”, homenajes a Regimientos como el “América 66” que se destacaron por sus intervenciones asesinas en Navarra en 1936, homenajes a la División Cóndor que bombardeó Gernika… Sin olvidar las constantes insinuaciones que se vienen realizando sobre posibles intervenciones militares si continúan las reivindicaciones soberanistas de Cataluña o el País Vasco.
Por todo ello, consideramos que el Estado español debe asumir y cumplir sin tapujos todas las recomendaciones, a fin de que definitivamente todas las víctimas del franquismo sin excepción, tanto las de desaparición forzada como las del resto de los horrendos crímenes que se produjeron durante la guerra civil y la dictadura (exilio, desaparecidos en fosas, represión político-social, cárcel, torturas y fusilados, preventorios, bebés robados y trabajo esclavo…) podamos obtener Verdad, Justicia y Reparación, así como la disposición de las medidas que garanticen la no repetición.
Es urgente la puesta en marcha de un plan estatal de búsqueda, y su gestión efectiva en todos los ámbitos y necesidades, de personas desaparecidas: los 120.000 desaparecidos en fosas, todos los niños robados a las mujeres republicanas y durante los posteriores años de dictadura.
Es urgente la incorporación en el derecho interno de la desaparición forzada como un delito autónomo e imprescriptible, no sujeto a amnistía, ya que el crimen se sigue cometiendo cada día y el sufrimiento de los familiares, que también son víctimas, es permanente hasta que se conoce el paradero y suerte de la persona desaparecida.
Recordamos al Gobierno español, tal y como lo hace el Relator y el Grupo de Trabajo, que hay una Causa abierta en Argentina contra los crímenes del franquismo y que el “artículo 277 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial dispone: “Los Juzgados y Tribunales españoles prestarán a las autoridades judiciales extranjeras la cooperación que les soliciten para el desempeño de su función jurisdiccional, de conformidad con lo establecido en los tratados y convenios internacionales en los que España sea parte […]”.
En aplicación del principio de Jurisdicción Universal, no se debe olvidar la necesaria y obligada colaboración de la justicia española con la mencionada Causa 4591/2010, abierta en los tribunales argentinos y conocida como la Querella Argentina. La Causa contra los crímenes del franquismo es la única que sigue abierta en todo el mundo y ello demuestra que queda mucho camino por desbrozar en el ámbito de la Memoria y de la Justicia en el Estado español.
Es, por tanto, inaplazable, que se haga justicia con todas las víctimas de la dictadura en los tribunales del Estado español, eliminando todos los impedimentos jurídicos como la Ley de Amnistía del 77 o el criterio de la prescripción.
Incluso los informes de Naciones Unidas adolecen de ambigüedad y lagunas. Por ello se hace más necesaria que nunca la creación de una Comisión de la Verdad sobre los crímenes del franquismo y sus consecuencias, impulsada por las instituciones autonómicas y centrales, y articulada por expertos, organizaciones sociales y asociaciones de víctimas.
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