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miércoles, 24 de diciembre de 2014

Manifiesto de Rivas Vaciamadrid. Por un estado laico, por la libertad de conciencia

Manifiesto de Rivas Vaciamadrid

A propuesta de Europa Laica y de la Asociación Laica de Rivas Vaciamadrid, al que se pueden sumar todas aquellas entidades, asociaciones y organizaciones que lo deseen
PREÁMBULO

Las personas asistentes, a título individual o como representantes de las asociaciones laicas abajo firmantes, tras los debates y exposiciones realizados durante la celebración de la V Jornada Laicista de Rivas Vaciamadrid

Constatamos, por un lado, el avanzado grado de secularización de la sociedad española, así como la creciente diversidad de creencias, tanto de origen religioso como de cualquier otra naturaleza (atea, agnóstica,…), mientras por otro, se mantienen enormes privilegios económicos y simbólicos en beneficio de la Iglesia católica.

Consideramos que la presencia de las creencias religiosas en el espacio público educativo segrega a los alumnos en función de sus creencias, atenta contra su libertad de conciencia, dificultando su libre desarrollo intelectual y su autonomía moral, e introduce un factor tremendamente perturbador del clima escolar. Entendemos que el doctrinarismo religioso en la escuela pública no viene avalado por ningún mandato constitucional.

Observamos, con preocupación, la frecuente confusión entre los ámbitos público (de carácter universal) y religioso (de carácter particular), inundando de símbolos confesionales las ceremonias políticas, así como garantizando la presencia institucional en un sinfín de ritos y ceremonias religiosas. Esta connivencia con las creencias religiosas (católicas, especialmente) se completa con una presencia permanente en cárceles, hospitales y ejército, financiada además con fondos públicos, y por tanto, de todos l@s ciudadan@s.

Entendemos que todos estos privilegios confesionales señalados no están basados en las disposiciones de la Constitución. Muy al contrario, la clave de bóveda de esta clara deriva confesional del Estado, desde 1979, debemos buscarla en los Acuerdos concordatarios y en la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. En este sentido afirmamos que mientras sigan existiendo estas figuras jurídicas, la Transición en materia de creencias y convicciones seguirá siendo una tarea pendiente y cada vez más lejana.

Por todo ello, los abajo firmantes enunciamos los siguientes

PRINCIPIOS

Nos comprometemos tanto con la defensa del derecho de Libertad de Conciencia de todos los individuos, como con la autonomía de lo político (y, por tanto, de lo público) frente a las creencias o convicciones particulares, tanto de índole religiosa como de cualquiera otra naturaleza.
Nos comprometemos, asimismo, con la defensa de la igualdad, no sólo en términos formales, sino explicitada en una práctica política de vigilancia permanente, para que no se produzca discriminación alguna contra ningún ser humano, en el libre ejercicio de sus derechos ciudadanos.
Rechazamos la utilización de conceptos como “culturas” o “civilizaciones”, que habitualmente sólo sirven para enmascarar el sometimiento de las conciencias individuales a dictados comunitaristas, que sustituyen las múltiples identidades de las personas por una exclusiva característica dominante de categorización, que suele ser la religión.
Pensamos que las organizaciones sociales basadas en creencias religiosas deben gozar del mismo trato, a efectos jurídicos, que aquellas cuyo sustrato sean las creencias no religiosas: unas y otras deben someterse al derecho común, sin exigir privilegios públicos de orden económico o institucional.
Rechazamos por confusionista cualquier adjetivación sobre los conceptos de laicismo y laicidad que no esté sustentada en la libertad de conciencia individual, la igualdad de todas las creencias ante la ley (religiosas o no), la separación de las iglesias y el Estado y la autonomía moral y de juicio de cada persona, que sólo puede estar basada en una escuela pública, laica y gratuita.
Ante esta situación, nos planteamos los siguientes

DESAFÍOS

Creemos que ha llegado el momento de que los partidos políticos que se autodenominan laicos sean consecuentes con su ideario y transformen en leyes su aparente voluntad laicista. La clara disonancia entre lo que dicen y lo que hacen en esta materia, impide, por otra parte, que se articule una mayoría social visible que ponga coto a la maraña jurídica confesional que sólo favorece a la jerarquía católica y a sus intereses.
Hacemos un llamamiento a todas las organizaciones sociales y sindicales para que, lejos de sentir el laicismo como ajeno, perciban que con su defensa lo que está en juego es la calidad de nuestra convivencia democrática y nuestra propia condición de ciudadanos libres e iguales.
Instamos a la creación de plataformas cívicas, políticas y sindicales que, de forma coordinada, creen una mayoría social activa que trabaje por la consecución de los objetivos expuestos, y que pueda promover, y respaldar, una iniciativa política hoy inexistente. Debemos dar comienzo a la Transición en materia de creencias.
Las frecuentes agresiones efectuadas por distintos grupos de presión, instrumentalizando a veces a las instituciones públicas, presionan continuamente de forma desigual sobre los ciudadanos que, tomados individualmente, se ven inermes ante ellas. Es hora de que se articulen, en las instituciones públicas locales, organismos que, al modo de un Defensor de la Libertad de Conciencia, tengan como misión específica velar por este derecho fundamental así como por la igualdad ante la ley en relación con las creencias, la etnia o el género.
Las creencias de orden religioso o de cualquiera otra naturaleza no son, por sí mismas, factores de cohesión social. Los únicos factores de cohesión en un Estado que se pretende laico, son la libertad de conciencia de cada individuo, la igualdad ante la ley, la justicia social, la solidaridad y los derechos humanos. Por tanto, nos comprometemos a desarrollar nuestra actividad en torno a los valores que dimanan de estos principios.
En un Estado en el que ninguna creencia tiene carácter estatal, sus servidores y funcionarios se deben exclusivamente a la función pública para la que han sido designados, y sus servicios son de interés general. La universalidad de la esfera pública no puede confundirse con la particularidad de una creencia religiosa, sus ritos o sus símbolos. Así pues, declaramos que cuando en el ejercicio de la función pública los servidores del Estado (justicia, sanidad,…) contemplan compromisos de conciencia que provocan situaciones de injusticia, que se traduce en obstaculizar la aplicación de leyes aprobadas por el Parlamento, están de hecho, burlando la justicia democrática.
Debemos contribuir a la extensión del laicismo entre los sectores con creencias religiosas (especialmente católicas), a través de la discusión y el debate democrático y la búsqueda de la unidad de acción en torno a los principios políticos y jurídicos expresados en este Manifiesto. Sin la confluencia de este gran cúmulo de personas en las tareas laicas resultará sumamente difícil romper nuestra actual imagen pública antirreligiosa (extendida interesadamente por los voceros de la jerarquía católica), así como poner en pie un importante movimiento laicista con una cierta capacidad de acción.
Las fuerzas políticas que dominan los diversos poderes del Estado, en sus distintos niveles, se muestran especialmente remisas a alterar la actual situación de privilegios de la Iglesia católica debido, fundamentalmente, a las consecuencias electorales. La fuerza de los cambios precisos no surgirá desde las cúpulas de tales poderes políticos si no hay un empuje de la sociedad que lo exija...y que se lo permita. En el último año transcurrido las reivindicaciones laicistas se han multiplicado como nunca anteriormente, se han expresado en todos los medios, han dado a luz organizaciones nuevas en múltiples territorios. Este es el camino. Esta la tarea actual. Multiplicarnos, organizarnos, coordinarnos y hacernos oír. Desde esta ya no tan pequeña localidad que hoy nos acoge, modesto ejemplo de reivindicaciones laicas en el ámbito local, donde su Ayuntamiento ha creado la primera Oficina Municipal de Defensa de los Derechos Civiles,

Hacemos un llamamiento a tod@s l@s ciudadan@s para que se comprometan en la extensión de los principios aquí expuestos, demanden su implantación en los ámbitos públicos, asuman los desafíos aquí señalados y se coordinen en organizaciones y acciones que posibiliten que podamos convertirlos en realidad.

En Rivas Vaciamadrid, a 24 de enero de 2009

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