LA PRIMERA REPÚBLICA

En la tarde del 11 de febrero de 1873 se proclamó la I república por una amplia mayoría de votos (258 a favor frente a 32 en contra).

Ante la abdicación del rey Amadeo I el 10 de enero de 1873, las Cortes, en sesión conjunta del Congreso y Senado, proclamaron la República por 285 votos contra 32 al día siguiente, pero este hecho no consiguió estabilizar la agitada vida política española, ya que a los problemas heredados - levantamiento carlista y guerra de Cuba-, se añadió en el seno del republicanismo la división entre unitarios y federalistas. Por otro lado, se agudizaron las diferencias entre los federalistas más moderados y los intransigentes a la hora de establecer el federalismo, ya fuera desde arriba, ya desde abajo. En esta etapa, además, hay que tener en cuenta la presión social que asociaba la República a la necesidad de reformas importantes en favor de las clases populares, como serían la eliminación de los consumos -impuestos indirectos-, o el sistema de quintas, sin olvidar las cuestiones salariales y de limitación de la jornada laboral. Fuera del ámbito republicano y democrático, los sectores contrarios al establecimiento de un sistema político plenamente democrático trabajaban para liquidar la República, ya fuera desde el extremismo carlista, ya desde las posiciones monárquicas alfonsinas.

La República fue proclamada por unas Cortes en las que no había una mayoría de republicanos. Las ideas republicanas tenían escaso apoyo social y contaban con la oposición de los grupos sociales e instituciones más poderosos del país.

• La burguesía intelectual sólo quiere una mayor democratización, sin cambios radicales. 
• Los campesinos y obreros piden reparto de tierras, reducción de la jornada laboral o eliminación del sistema de quintas, un auténtico programa revolucionario desde el punto de vista social. 
• A nivel internacional, únicamente EEUU había reconocido al nuevo régimen. 
• En el interior, la mayor parte de los partidos se oponían al nuevo régimen: carlistas, alfonsinos, el partido constitucional se pasa a la abstención y el partido radical, a los pocos meses también abandona el sistema

Los escasos republicanos pertenecían a las clases medias urbanas, mientras las clases trabajadores optaron por dar su apoyo al incipiente movimiento obrero anarquista. La debilidad del régimen republicano provocó una enorme inestabilidad política. Cuatro presidentes de la República se sucedieron en el breve lapso de un año: Figueras, Pi y Margall, Salmerón y Castelar.

Con el advenimiento de la Primera República el 11 de febrero de 1873, se pretendió borrar de la bandera el escudo y abolir los colores nacionales para adoptar la bandera tricolor, morada, blanca y roja. Una comisión del ayuntamiento de Madrid propuso otra con los colores rojo, amarillo y morado, conforme con la faja que dicha corporación se había adjudicado". (Enciclopedia Espasa. Enciclopedia Universal Ilustrada Hispano Americana), edición de 1923.

José Manuel Erbez Rodríguez jerbez@ull.es . http://www.geocities.com/j_erbez/

En este contexto de inestabilidad, los gobiernos republicanos emprendieron una serie de reformas bastante radicales que, en algunos casos, se volvieron contra el propio régimen republicano.

Sus principales medidas fueron:

• Supresión impuesto de consumos. La abolición de este impuesto indirecto, reclamada por las clases más populares, agravó el déficit de Hacienda.
• Eliminación de las quintas. De nuevo una medida popular propició el debilitamiento del estado republicano frente a la insurrección carlista.
• Reducción edad de voto a los 21 años
• Separación de la  Iglesia y el Estado. Este dejó de subvencionar a la Iglesia.
• Reglamentación del trabajo infantil. Prohibición de emplear a niños de menos de diez años en fábricas y minas.
• Abolición de la esclavitud en Cuba y Puerto Rico.
• Proyecto constitucional para instaurar una República federal.

Pero la República se enfrentó a numerosos problemas:

• Había estallado la tercera Guerra Carlista (1872-76) y no se conseguía controlar. 
• Se inicia una huelga general proclamada por la AIT en Alcoy, sofocada por el ejército. 
• Se había iniciado una guerra en Cuba. La burguesía comercial española que residía en la isla se oponía a las medidas que anunciaba el Sexenio, e incluso en la isla, al estallar la revolución, junto a la aparición de juntas revolucionarias, se inicia una sublevación por la independencia. La guerra comienza con el llamado Grito de Yara en 1868 y será dirigido por Manuel de Céspedes. La revolución se extiende al contar con el apoyo de los pequeños propietarios y sobre todo de los esclavos negros. La junta revolucionaria solicita una abolición del sistema de esclavitud y participación en el sistema político, pero la respuesta de la península llegaría tarde. Esta es la llamada guerra de los Diez Años (1868-78). 
• El Movimiento Cantonal: que exige establecer desde abajo y hacia arriba el estado federal, sin esperar a que se impusiera desde las Cortes o desde el gobierno. El cantonalismo pretende dividir las diversas zonas de la península en estados soberanos. A principios de julio estalla el movimiento proclamándose el cantón de Cartagena que se extenderá por la zona del levante y Andalucía y se formarán juntas revolucionarias. Se hace irreconciliable la división entre la dirección del Partido Republicano Federal y el grupo de los intransigentes. Esta minoría abandona las Cortes e incita la formación de cantones, en el propio Madrid. En este movimiento participan clases medias y populares urbanas (artesanos o tenderos y obreros). En la mayoría de los sitios el gobierno, debido a la participación del ejército, irá controlando la situación excepto en Cartagena, cantón que se mantiene independiente hasta finales del verano. La principal consecuencia política será la sustitución de Pi y Margall por Salmerón.

El federalismo español arranca a principios del siglo XIX en el seno del republicanismo, abrazando las ideas de reforma democrática, laica y social, para adquirir perfiles propios como propuesta de organización territorial a partir de la obra de Francisco Garrido (1821-1883) y, sobre todo, Francisco Pi y Margall (1824-1901).

En ese momento el debate sobre la organización política del Estado se situaba entre las propuestas republicanas liberales que nacían de las Cortes de Cádiz, los movimientos Fouriesitas nacidos en Andalucía y que se trasladaron a Madrid y el movimiento krausista en Cataluña que no era exactamente federalista pero pensaba la organización territorial en forma de un estado unitario descentralizado.

Desde la creación del Partido Republicano Federal (PRF) en 1868, el programa sinalagmático de Pi no logró aglutinar la mayoría necesaria para reconstituir España sobre la base de pactos libres entre las regiones históricas. El sector orgánico de Salmerón, Chao y Figueras -partidarios de la descentralización política-, y el más unitarista de Castelar, compitieron por el control del partido y, junto al descontrol de los cantonalismos, contribuyeron a difuminar la idea federal en España.

El federalismo de Pi es normativamente republicano desde su génesis y no cabe en absoluto su asociación con cualquiera de las formas de gobierno monárquicas. La acérrima defensa de la igualdad ante la ley estaba radicalmente reñida con un sistema de privilegios (máxime si derivaba de los vínculos de la sangre), y por ello la monarquía era la negación del derecho y la libertad de todos, según las proposiciones ya dispuestas en La Reacción y la Revolución (1854). El énfasis sobre la soberanía individual sirve también para repeler los fundamentos teóricos del régimen monárquico, fuera absoluto o constitucional, en cuanto poder sustraído a la legitimidad democrática. No gobierna el pueblo allí donde existe una sola autoridad que no es hija de su libre arbitrio. Al margen de si España es ya un Estado federal al que se ha accedido gradualmente tras la aprobación de los Estatutos de Autonomía, o de que sean necesarios nuevos avances a partir de la Constitución de 1978 para alcanzar esa meta, lo cierto es que ésta nunca responderá a los patrones elementales del federalismo pimargalliano mientras conserve la institución monárquica y sitúe a un rey en la cúspide de la estructura estatal. Un Pi condescendiente con la Corona resulta tan anómalo y extravagante como un Cánovas paladín de la República y el socialismo.

Los inicios del cantonalismo supusieron el final de Pi y Margall, que había tratado de llevar a cabo una política conciliadora. Su sucesor, Nicolás Salmerón, se convirtió en presidente en el mes de julio. Endureció la postura del Gobierno y los cantones remitieron ante la represión de los generales Martínez Campos en Levante y Pavía en Andalucía. El gobierno de Salmerón supuso un giro conservador; sus principales objetivos fueron, sofocar el cantonalismo y frenar el avance carlista, así como reprimir a los internacionalistas por medio del cierre de sus locales y la detención de sus militantes, objetivos que serán cumplidos por la guardia civil. La actuación de este Gobierno suscitó en las Cortes fuertes polémicas, lo que provocó su dimisión en septiembre de 1873 por problemas de conciencia al no querer firmar sentencias de muerte impuestas por la autoridad militar.

Salmerón se convirtió en presidente en el mes de julio. Su objetivo fue restablecer el orden y envió el ejército para sofocar el movimiento cantonalista. La represión fue intensa. En agosto casi todos los cantones se rindieron, aunque Málaga resistió hasta mediados de septiembre y Cartagena hasta enero de 1874. Con Salmerón, la República inició un viraje hacia posiciones más moderadas.

Su sucesor, Castelar, intentó obtener el apoyo de las clases conservadoras y sobre todo del ejército. Estableció una política autoritaria, recortando libertades individuales, disolviendo a los voluntarios de la república y suspendiendo las garantías constitucionales. El rechazo del Parlamento a la política de Castelar, protagonizado por la izquierda republicana, provocó la derrota de ésta, haciendo viable la implantación de un régimen de federalistas puros, hecho que sería impedido por el golpe de estado del 3 de enero de 1874 del general Pavía, que realiza en nombre del ejército y no como hasta ahora. Este hecho supondrá el fin del primer intento de establecer un republicanismo institucional, y por ende supondrá en final del Sexenio.

Castelar alcanzó la presidencia en septiembre, representando el triunfo de la República conservadora. Aunque fue el presidente que terminó el proyecto constitucional federal, era defensor de una República centralista, por lo que postergó la discusión y aprobación del texto. Movilizó a los reservistas para intentar acabar con las últimas resistencias cantonalistas y las guerras cubana y carlista. Además, firmó las penas de muerte que Salmerón había rechazado, y permitió el regreso al país de los dirigentes de los partidos radical y constitucional, Serrano entre ellos. El final de la República se precipitó cuando se reanudaron las sesiones de las Cortes el 2 de enero de 1874. Ese día, Castelar debía rendir cuentas de su labor de gobierno desarrollada desde su toma de posesión. El presidente defendió la importancia de separar la Iglesia del Estado pero no aludió a la necesidad de que se aprobase el proyecto constitucional. La cámara negó la confianza a Castelar y, por consiguiente, dimitió. La posibilidad de que el poder recayese de nuevo sobre los federalistas ofreció un pretexto para el golpe de estado de Pavía, capitán general de Madrid, que en la madrugada del día 3 ocupó el Congreso y disolvió la cámara. De esta manera se puso fin al régimen republicano, aunque oficialmente España siguió siendo una República hasta finales de año.