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viernes, 10 de julio de 2015

EL FEDERALISMO


El Estado Federal es una forma de Estado muy importante. Es, en principio, una unión de Estados en la que cada uno de ellos, sin perder su naturaleza estatal, se integra en un Estado de nivel superior, organizado mediante una Constitución propia -laConstitución federal- y sometiéndose a un poder central denominado poder federal, pero conservando una amplia autonomía constituyente, jurisdiccional, legislativa y administrativa.

El federalismo de Pi es normativamente republicano desde su génesis y no cabe en absoluto su asociación con cualquiera de las formas de gobierno monárquicas. La acérrima defensa de la igualdad ante la ley estaba radicalmente reñida con un sistema de privilegios (máxime si derivaba de los vínculos de la sangre), y por ello la monarquía era la negación del derecho y la libertad de todos, según las proposiciones ya dispuestas en La Reacción y la Revolución (1854). El énfasis sobre la soberanía individual sirve también para repeler los fundamentos teóricos del régimen monárquico, fuera absoluto o constitucional, en cuanto poder sustraído a la legitimidad democrática. No gobierna el pueblo allí donde existe una sola autoridad que no es hija de su libre arbitrio. Al margen de si España es ya un Estado federal al que se ha accedido gradualmente tras la aprobación de los Estatutos de Autonomía, o de que sean necesarios nuevos avances a partir de la Constitución de 1978 para alcanzar esa meta, lo cierto es que ésta nunca responderá a los patrones elementales del federalismo pimargalliano mientras conserve la institución monárquica y sitúe a un rey en la cúspide de la estructura estatal. Un Pi condescendiente con la Corona resulta tan anómalo y extravagante como un Cánovas paladín de la República y el socialismo.

Qué es el federalismo

El federalismo español arranca a principios del siglo XIX en el seno del republicanismo, abrazando las ideas de reforma democrática, laica y social, para adquirir perfiles propios como propuesta de organización territorial a partir de la obra de Francisco Garrido (1821-1883) y, sobre todo, Francisco Pi y Margall (1824-1901).

En ese momento el debate sobre la organización política del Estado se situaba entre las propuestas republicanas liberales que nacían de las Cortes de Cádiz, los movimientos Fouriesitas nacidos en Andalucía y que se trasladaron a Madrid y el movimiento krausista en Cataluña que no era exactamente federalista pero pensaba la organización territorial en forma de un estado unitario descentralizado.

Desde la creación del Partido Republicano Federal (PRF) en 1868, el programa sinalagmático de Pi no logró aglutinar la mayoría necesaria para reconstituir España sobre la base de pactos libres entre las regiones históricas. El sector orgánico de Salmerón, Chao y Figueras -partidarios de la descentralización política-, y el más unitarista de Castelar, compitieron por el control del partido y, junto al descontrol de los cantonalismos, contribuyeron a difuminar la idea federal en España.

El principio de autonomía

Es la consecuencia de la diversidad representada por los Estados federados, entes estatales con personalidad jurídica propia, que conservan amplias facultades constitucionales (cada Estado federado tiene su propia Constitución mediante la que organiza sus propios poderes), legislativas (capacidad de crear un Derecho propio de ese Estado concreto mediante leyes), administrativas (derivadas del ejercicio de un poder ejecutivo y una administración propia) y jurisdiccionales (en cada Estado existe un poder judicial para aplicar el derecho propio o derecho estatal, sin perjuicio de la superposición de un poder judicial federal para aplicar el derecho federal).

Para el juego del principio de autonomía resulta crucial en el Estado federal el tema del reparto de poder, dada la superposición entre Poder federal (del conjunto) y Poder estatal (de cada Estado concreto). Este reparto viene condicionado por las competencias que cada uno de ellos asume. Por eso resulta clave la distribución de competencias entre el Estado federal y los Estados federados que lo componen, distribución que se efectúa en la Constitución federal.

El principio de participación

El hecho de la existencia del Estado federal como consecuencia de la existencia previa de unos Estados que lo componen, requiere el establecimiento en la Constitución federal de determinadas medidas de ingeniería constitucional mediante las cuales, sin perjuicio del principio democrático y la soberanía popular, se tenga en cuenta la realidad de los Estados federados en la determinación de las reglas de juego del poder federal.


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